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¿Es sostenible el plan para duplicar las pensiones de adultos mayores? ¿La propuesta para las gasolinas es la mejor posible? ¿De dónde saldrán los fondos para el traslado de las secretarías fuera de la CDMX? ¿Es sensato dejar los impuestos como están? ¿Hay margen para subir, bajar o crear gravámenes?

Todas estas preguntas están en el aire. Para mejorar la calidad de la discusión sobre estos temas y tener mejores decisiones de políticas públicas serviría un Consejo Fiscal Independiente.

Medio centenar de países cuentan con organismos de este tipo, entre ellos Estados Unidos y Canadá; también España, Chile, Holanda, el Reino Unido y Colombia. Cada país tiene su propia versión, pero hay un denominador común: se trata de un organismo integrado por personas con capacidad técnica, sin filiación partidista.

En el 2017, el FMI recomendó a México la instauración de un Consejo Fiscal Independiente (CFI). La Coparmex y el CCE lo han pedido en todos los tonos. La propuesta ha sido rechazada por dos secretarios de Hacienda: José Antonio Meade y por José Antonio González Anaya. Argumentan que México no lo necesita, porque ya hay muchos controles, por ejemplo las agencias calificadoras y el Congreso de la Unión.

¿Lo necesita México o no? Dos datos para justificar el Sí. La deuda pública pasó de 30 por ciento del PIB hasta cerca de 50 por ciento en los primeros cuatro años de este sexenio. No hubo contrapesos a esta decisión. Tampoco ha habido forma de evitar. El Ramo 23 es una caja negra que mueve más de 130 mil millones de pesos anuales, sin controles.

Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, ve con buenos ojos la creación de un CFI para México, así lo dijo en el noticiero de Loret de Mola, en una declaración que no tuvo la resonancia que merece. Implica, de parte del próximo titular de Hacienda, la aceptación de contrapesos a su poder y el reconocimiento de mayores obligaciones para informar y tomar decisiones.

Él tiene en mente la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que hace proyecciones sobre las variables económicas y evaluación de proyectos. No es el único modelo. En otros países, los consejos fiscales tienen facultades para intervenir en la “cocina” del presupuesto y hacer recomendaciones públicas que deben ser acatadas o respondidas en documentos públicos.

¿Por qué aceptaría tales restricciones el próximo secretario de Hacienda? Hasta ahora, en México, quienes ocupan esa cartera gozan de amplios poderes en materia económica y presupuestal. Sólo responden ante el presidente. Un secretario de Hacienda es un vicepresidente que está por encima de otros funcionarios del gabinete… y de las personas a las que afectan sus decisiones.

¿Por qué cambiar algo que ha funcionado tan bien? Yo quisiera subrayar que, a pesar de la luna de miel postelectoral, el próximo gobierno se enfrentará al reto cotidiano de convencer a los mercados y a los inversionistas. Entre más grandes sean los cambios que quieran implementar, mayor será la necesidad de convencer.

Un incentivo adicional, para aceptar un CFI de parte de Carlos Urzúa es reducir y/o compartir riesgos. El funcionario puede ser un héroe, si las cosas salen bien, pero pasa a ser villano o chivo expiatorio, cuando las cosas salen mal. Si una decisión fue revisada y avalada por un órgano externo verdaderamente independiente, es más difícil que todos los rayos caigan sobre el secretario o contra AMLO.

¿Habrá Consejo Fiscal Independiente? Pronto lo sabremos.