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El 2 de diciembre de 2018, día siguiente a la asunción de López Obrador a la Presidencia, Vidulfo Rosales, representante de los padres de Los 43, celebró el decreto que el nuevo mandatario firmaría un día después ordenando la reposición de las investigaciones del caso Iguala y la creación de una comisión de la verdad inspirada en lo que determinó el 31 de mayo de ese año el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas.

Aquel fallo, aberrante y absolutamente inconstitucional pero inapelable, es el que permitió la liberación de alrededor de 70 inculpados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otras “razones” porque respaldó la mentira de que habían sido “torturados”, cuando lo demostrado científicamente es que solo fueron nueve.

La sentencia referida, que dinamitaba jurídicamente lo actuado por la Procuraduría General de la República, fue saludada por los deudos y el oficialismo en el Congreso, por el corrosivo y faccioso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y hasta por el respetable Centro Miguel Agustín Pro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cinco años y medio después –el 23 de enero reciente–, López Obrador acusó al Poder Judicial de proteger a los criminales y dijo tener pruebas “para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes (…). Y las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos, se quedaron calladas…”.

Para entonces AMLO había ya expresado su total desconfianza en el GIEI, injuriado y descalificado al Centro Pro, y ayer se preguntó y respondió:

“¿Quién hizo esa primera denuncia defendiendo a los presos que supuestamente fueron torturados? El Poder Judicial y los supuestos defensores de derechos humanos, los mismos defensores o representantes de los padres de los muchachos, un doble fuego, que es típico del conservadurismo, la doble cara, la doble moral, el doble discurso…”.

Lo cierto es que la sentencia del tribunal de Tamaulipas y la falsaria comisión “para la verdad” que encabezó Alejandro Encinas como subsecretario solo sirvió para convertir el caso todo en un esperpento: persona, cosa o situación grotesca, estrafalaria; adefesio, extravagante, ridiculez, disparate, desatino, espantajo, mamarracho, para perseguir y encarcelar sin fundamento a ex servidores públicos y militares.

La relación entre los normalistas y el presidente se pudrió porque López Obrador engaña con la verdad:

Es cierto que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas generó las liberaciones indebidas; también que los jueces, dolosamente, dieron un plazo perentorio a la Fiscalía General de la República para exhibir protocolos independientes demostrativos de que los criminales no habían sido torturados, pero lo que AMLO no dice es que la irracional exigencia judicial era parte del plan con el que su gobierno estaba de acuerdo, como se leerá en El asalto… siguiente.