Al final, el hecho de que haya sido la administración de Donald Trump la que dos meses antes de dejar el poder regresará a México al general Salvador Cienfuegos, le quita al gobierno de Joe Biden una presión en la relación bilateral con la administración de Andrés Manuel López Obrador
Al final, el hecho de que haya sido la administración de Donald Trump la que dos meses antes de dejar el poder regresará a México al general Salvador Cienfuegos, le quita al gobierno de Joe Biden una presión en la relación bilateral con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Enojados o no, consultados o no, los demócratas podrán tener este asunto como un “leverage” (palabra de difícil traducción al español) en su relación con el gobierno mexicano, porque pueden conservar el expediente para lo que se ofrezca y no tuvieron nada que ver, ni con la captura, ni con la liberación.
Claro, si eventualmente se confirmara la versión de que el gobierno mexicano amenazó con hacer pública la lista de los agentes de la DEA en territorio nacional, ahí el próximo gobierno estadounidense buscaría cerrar esas amenazas a la seguridad de sus instituciones.
Pero lo que está claro es que las prioridades del próximo presidente de Estados Unidos no pasarán por el caso del general Cienfuegos. Sí lo serán los temas migratorios y de narcotráfico, pero no hay duda que para ello buscará que la 4T le siga corriendo la cortesía a Washington de pagar soldados mexicanos para cuidar su frontera.
Tampoco será de gran interés para Joe Biden esperar a que López Obrador tenga finalmente el gesto de reconocerle como presidente de Estados Unidos. Puede ser que tal distancia acabe por ser útil en los años por venir.
Ya llegará la calificación de la elección presidencial en el Congreso de Estados Unidos, entonces este gobierno sentirá que sus traumas están superados y felicitarán a Biden, quien responderá con una nota diplomática y se acabó.
Donde realmente estarán las prioridades de los demócratas en la relación con el gobierno mexicano de López Obrador será en el respeto a las inversiones de las empresas estadounidenses en México, en especial en el sector energético.
No hemos visto hasta este momento una reacción contundente del gobierno estadounidense hacia el mexicano, que sistemáticamente ha marginado y maltratado a los capitales privados que participan en el sector energético, porque Donald Trump se ha hecho de la vista gorda.
Constantemente empresarios, organismos del sector energético, congresistas y toda clase de asociaciones han presionado a la Casa Blanca para que le ponga un fin a la discriminación del gobierno mexicano, y nada.
Pero está claro que no será la misma tolerancia la que tengan los demócratas que exigirán que se cumpla con las leyes en materia energética en México. Que se respete el trato equitativo y que se apliquen los acuerdos bilaterales al pie de la letra.
La agenda energética del próximo gobierno de Estados Unidos no se parece ni a la de Donald Trump ni a la de López Obrador. Joe Biden no se va a parar en una carretera a decir que se ven feos los aerogeneradores y que es mejor producir electricidad con el hermoso carbón.
Los demócratas se van a convertir en el garante de que la 4T no intente cambiar las reglas del juego del mercado energético, básicamente la Constitución, si no quiere el gobierno de López Obrador tener consecuencias importantes en la relación bilateral.
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