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Hace un  par de meses –como se comentó en este espacio- en corrillos empresariales de San Luis Potosí se rumoraba de la existencia de una práctica que pudiera estar intimidando a los inversionistas porque representa sacar dinero a empresas, sobre todo multinacionales, por la vía de demandas por servicios no prestados.

En este contexto surgió la duda de directivos de BMW sobre si San Luis Potosí era la mejor opción. Al final la empresa alemana decidió quedarse en esa entidad después de haber analizado otros estados y tras gestiones de alto nivel desde la capital de la República.

Para el país, el sector automotriz es clave como ya lo expuso el Presidente Enrique Peña Nieto en su informe de gobierno. Más para SLP porque la llegada de BMW vendría a ser la única inversión extranjera de relevancia en la actual administración estatal. 

Actualmente hay un litigio judicial que se ventila ante los tribunales federales de la capital potosina que indudablemente podría sentar un precedente de seguridad o inseguridad a la inversión extranjera en ese ramo industrial en la entidad.

Se trata de un asunto en el que la colusión entre un exempleado de una empresa del sector automotriz -que alguna vez contara con poderes de representación- y un ex proveedor, bajo la guía de un audaz y poderoso abogado, podría llevar a validar la consumación de un fraude en perjuicio de una empresa del sector automotriz por el cobro –algo así como 200 millones de pesos- de penas convencionales derivadas de supuestos servicios que aparentemente nunca se contrataron ni mucho menos se prestaron.  

Pudiera ser uno más de los litigios que revisan los órganos jurisdiccionales si no fuera porque se trata de un tipo de operación que aparentemente se está convirtiendo en un malicioso modus-operandi, por virtud de la cual el exempleado que, aprovechándose de dichos poderes, comprometió a la empresa con contratos leoninos y lesivos a sus intereses en beneficio de la empresa con la que se coludió.

La mecánica es que a dichos contratos se antepusieron falsamente fechas en la que todavía ostentaba  poderes de representación el ex empleado, para luego con base en sendo “contrato” extorsionar a la empresa ex empleadora al pago de los dineros comprometidos, so pena de acudir a las instancias judiciales apoyadas por un poderoso abogado, Jaime Suárez Altamirano, ex secretario General de Gobierno, de acuerdo a lo señalado por algunos empresarios.

En muchos de los casos, las empresas extorsionadas prefieren negociar y salir del problema en lugar de exponerse al litigio en el que se tendría que remar contra corriente, ante la aparente firma del contrato.

Lo interesante es que los tentáculos de Suárez Altamirano llegan a juzgados pues ha sido tutor de varias generaciones de abogados que hoy ocupan diversos cargos públicos en el sistema judicial.

Ya desde el año 1999 -como lo documenta Julio Hernández López, del periódico la Jornada en una de sus columnas del primero de abril de ese año- se conoció de un caso en el que el mismo Suárez Altamirano, valiéndose del cargo público que ostentaba y coludiéndose con otros funcionarios públicos, tomó acciones tendientes a obstruir acciones legítimas intentadas por un reconocido empresario mueblero, en virtud de que –pese a ser servidor público- continuaba administrando su despacho de litigio. El tema subió de tono al punto de que Gustavo Barrera, abogado de dicho empresario, pidió hasta la remoción del entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta cuando era representante México en El Vaticano.

El abogado Jaime Suárez Altamirano lleva hoy el asunto del Corporativo Industrial y Empresarial Lorva, del empresario José Antonio Lorca Valle, quien –se dice en los corrillos empresariales potosinos- tiene reputación de resolver muchos asuntos en tribunales. La parte afectada y potencial víctima de este presunto fraude es Remy Componentes, proveedora de la industria automotriz, una de las más importantes en el estado por el nivel de inversión y empleo que genera.

Y en ese enredo, está el exempleado de Remy, Horacio Temelo Ledesma, -despedido por haber comprado mercancía robada a la misma compañía que representaba- quien habría firmado indebidamente contratos –fuera de fecha y ya separado de la empresa- para obtener un  lucro en colusión con la empresa Lorva y el abogado Suárez 

Resentido Temelo por su despido y resentida la empresa Lorva por desacuerdos comerciales, encontraron la mejor salida para obtener recursos por la vía judicial con el apoyo del abogado Suárez Altamirano.

El tema fue resuelto ya en primera instancia por el Juez Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, Juan de Dios Monreal Cuellar, quien declaró la procedencia de la demanda y la validez de los contratos presuntamente simulados, condenando así a REMY al pago de más de doscientos millones de pesos, a pesar de haber pruebas, testimonios y señalamientos de intimidación a testigos. El asunto ahora está en etapa de resolución en segunda instancia.

Empresarios potosinos están expectantes de la sentencia porque, aseguran, es una nueva prueba para la credibilidad en las instituciones y para la certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros, pero en especial para el gobierno de Fernando Toranzo Fernández.