Impunidad y decrecimiento, ¿quién no lo quiere ver?

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, daba cuenta de que la inestabilidad social que prevalece en México en parte explica la más reciente baja en las estimaciones del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero robaban, destruían y secuestraban bienes y personal de Coca Cola en Chilpancingo. Al final, heridos, destrozos e impunidad.

Y en eso estamos, en un punto en el que no escandaliza la violencia cotidiana bien organizada de estos grupos pero sí llama la atención de todo el mundo que desde el Banco de México se plantee el evidente impacto negativo en la economía de la impunidad.

Medio centenar de jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desafiaron al crimen organizado y fueron asesinados. Esta brutalidad despejó las dudas de los vínculos del poder con el narcotráfico. Es bien sabido que el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, dirigía junto a su esposa una banda delictiva.

Pero de ahí al uso del dolor como instrumento de desgaste del Poder Ejecutivo hay una gran distancia. Poner en duda la legitimidad de las movilizaciones que abanderan la “aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa” ubica a cualquiera en el terreno de la herejía social y la insensibilidad de las carencias del pueblo bueno.

La verdad es que en el nombre de esa causa se han cometido innumerables delitos, que son imitados por grupos violentos que simplemente enarbolan la causa de Ayotzinapa y con ello obtienen permiso para delinquir.

El círculo vicioso se cierra con los altos niveles de pobreza, con los bajos niveles salariales, con la falta de un crecimiento dinámico como se había prometido. En fin, el caldo de cultivo está en su punto para que los que mueven las piezas utilicen medios de comunicación y redes sociales para incendiar el pasto seco.

Es un hecho que si alguien es responsable de los niveles de violencia, inconformidad social, impunidad alcanzados son los gobiernos: el presente y los pasados del Poder Ejecutivo federal; los mandatarios locales, con casos tan aberrantes en una democracia como el totalmente omiso gobernador de Oaxaca, y los partidos políticos tan poco atentos a no mezclarse con el crimen.

Pedir la aplicación de la ley es presentado hoy por esas voces interesadas como una petición de represión a los dolientes de una desgracia humana. Esa falsedad les ha amarrado las manos a las autoridades que han propiciado que la impunidad sea una enorme bola de nieve que ya no sólo pasa por la complicidad con la autoridad, sino también por la aceptación o al menos la resignación social.

Tiene mucha razón Agustín Carstens en señalar este factor como uno de los peligros económicos presentes, ojalá no maten al mensajero desde la cúpula del Poder Ejecutivo.

Son ya varios meses consecutivos en que la inseguridad pública es el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico desde la óptica de más de 30 analistas económicos mexicanos y extranjeros que habitualmente consulta el propio Banco de México.

En la medida que las leyes sigan siendo opcionales y negociables, las estimaciones de mejoría en la economía mexicana seguirán siendo despreciables.