Cada vez más dividido y polarizado, Estados Unidos libra una intensa lucha por la verdad, la honestidad, la legalidad, el sentido común y otros valores, que el ex presidente Donald Trump pisoteó y dejaron de ser importantes para el Partido Republicano.

Valores que han sido pilares de la democracia más grande del mundo durante más de dos siglos y que ahora, con el voto ciego de millones de estadounidenses fanáticos de Trump, podrían desaparecer en un lapso no mayor de 4 años.

La pérdida de la gobernatura del estado de Virginia, hace dos semanas, parece ser un preludio de ese trágico final que podríamos ver.

Ante la creciente posibilidad de que su sueño de contender de nuevo para la presidencia de Estados Unidos sea una realidad, Donald Trump está dispuesto a todo.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de 114 páginas del Centro de Estudios de Gobierno, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), “la conducta postelectoral de Donald Trump en Georgia lo coloca en el riesgo sustancial de enfrentar posibles cargos en esas entidades, por crimen organizado, conspiración para fraude electoral, interferencia intencional en asuntos electorales e inducción al fraude”.

En un evento político en septiembre pasado, el ex presidente Trump dijo al gobernador Brian Kemp que “tenía un serio problema de integridad electoral en el estado” y que esperaba que le “ayudara” con una elección especial.

En ese evento también reconoció haber llamado al secretario de Estado Raffensperger, pero que él “no cooperó”, por lo que apoyó a Jody Hice para ocupar su cargo.

Los penalistas que escribieron el reporte, Norman Eisen, Joshua Matz, Donald Ayer, Gwen Keyes Fleming, Colby Galliher, Jason Harrow y Raymond Tolentino, aseguran que los comentarios de Trump ayudarán a los fiscales a establecer la clara intención de neutralizar las elecciones para cometer fraude electoral en su beneficio.

Trump ha tratado de desvirtuar los procesos en su contra, calificándolos como “una cacería de brujas entablada por los demócratas”.

Ahora, Trump lucha desesperado por impedir que la Casa Blanca entregue al Congreso todos los documentos y comunicaciones del 6 de enero, que podrían incriminarlo al determinar su responsabilidad.

La razón: la inminencia de severos cargos criminales contra el expresidente, como indica la integración de un Gran Jurado Especial, de 16 a 23 miembros, que se enfoque solo en los cargos al exmandatario y al que se le presentaría evidencia de la investigación.

A estos procesos criminales, se incorporarían al menos 11, contenidos en el Reporte Mueller, que el Departamento de Justicia recomendó aplazar hasta que el expresidente terminara su mandato, ya que en funciones, no podía responder ante la justicia.

El histórico intento de Trump, de reescribir las leyes a su favor y protegerse bloqueando la entrega de documentos de la Casa Blanca al Congreso, -ya autorizada por el presidente Joe Biden- fracasó, luego que la Juez Tanya Chutkan, del Circuito Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, rechazó el argumento de “privilegio ejecutivo” invocado por Trump, que solo es válido para un presidente en funciones, por lo que los documentos, ahora en poder de los Archivos Nacionales, podrían ser presentados antes del plazo del 20 de noviembre.

El expresidente presiona a sus cómplices más cercanos para que no comparezcan a testificar ante el Comité Especial del Congreso, que investiga la violenta insurrección a la que incitó para impedir la certificación de la victoria de Biden y que culminó con el asalto al Capitolio.

Steve Bannon, su ex jefe de estrategia le hizo caso y fue acusado de desacato al Congreso, por lo que se espera que el Departamento de Justicia ordene su arresto y procesamiento.

El Comite envió citatorios a William Sapien, ex gerente de la Campaña de Trump en 2020; a Jason Miller; al abogado John Eastman, quien inventó el argumento de “elección robada” de Trump; a Michael Flynn; Angela McCallum y Bernard Kerik, todos involucrados en la promoción de la mentira sobre el “fraude electoral” del que aún no han podido aportar prueba alguna.

Las mentiras de Trump, asimiladas por millones de estadounidenses -entre ellos una gran cantidad de Latinos y afroamericanos- avanzan, como el intento de golpe de Estado de Trump, mientras sus cómplices al interior del Partido Republicano obstruyen las acciones del presidente Joe Biden, buscando proyectar una imagen de incapacidad y falta de liderazgo, lo que se traduce en una severa caída en tasas de aprobación.

De acuerdo con las últimas encuestas, Biden solo tiene 48% de aprobación, contra 52% de desaprobación, lo que podría reducirse aún más y propiciar la pérdida de la frágil mayoría Demócrata en el Congreso el próximo año en las elecciones intermedias.

Recordemos que violando la soberanía de los estados y sus procesos electorales, Trump hizo llamadas telefónicas a gobernadores republicanos, como al secretario de Estado Brad Raffensperger, a quien tras fallar en el intento de convencerlo de que “recalculara” el resultado de la elección en Georgia, intimidó y amenazó “advirtiéndole” de las “consecuencias de ocultar el fraude electoral” y pidiéndole “encontrar los 11.780 votos que necesitaba para ganar”.

Montando una campaña de mentiras, Trump ha logrado reformar leyes electorales en 44 estados, lo que de acuerdo a expertos, resultará en la injusta supresión del voto.

Los simpatizantes de Trump o los republicanos que lo apoyan -contra su convicción y creencia- como Kevin McCarthy, lo siguen, y saben de la misma forma que Trump:

-No aceptó su derrota en la elección primaria de Iowa, en 2016

-Impidió que se entregaran sus declaraciones de impuestos al Congreso

-Bloqueó la investigación del FBI sobre su colusión con Rusia, despidiendo a los directores de esa agencia James Comey y Andrew McCabe

-Obstruyó la investigación del Fiscal Especial Robert Mueller, impidiendo que se entregara el reporte completo al Congreso

-Impidió que el Reporte del Whistleblower del Consejo Nacional de Seguridad fuera entregado al Congreso, que procedió a enjuiciarlo

-Impidió la difusión del contenido de sus conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, que se intensificaron con la cercanía de la elección del año pasado, en que fue derrotado

El expresidente ataca a los pocos legisladores republicanos que no lo apoyan, en Arizona, Nuevo México, Texas, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, así como al ex gobernador Chris Christi, que exhortó a su partido a dejar atrás la elección y alegatos de fraude.

La entrega de las declaraciones de impuestos al fiscal de Nueva York han permitido detectar evasión de impuestos durante 10 años, manipulación del valor de las propiedades de Trump, al alza para obtener financiamiento y a la baja para evadir impuestos, fraude de seguros y otros delitos, de los que podría ser acusado formalmente en poco tiempo.

Si bien, tienen todo el derecho de apoyar a quien les plazca, los simpatizantes de Trump, deberían informarse más para actuar con conocimiento y conciencia, particularmente en el claro intento de destruir la democracia más grande del mundo.

Deben considerar que el expresidente no es realmente quien dice o dicen sus cómplices, sino un experimentado criminal, que encontró en su único término presidencial un refugio para evitar la acción de la justicia en torno a múltiples acusaciones criminales de asalto sexual, fraude al fisco, evasión de impuestos, fraude en su “universidad”, discriminación, manipulación de récords financieros y otros cargos que enfrenta.

Texto publicado en LA Times y reproducido con autorización del autor