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México no aguanta un escenario de continuidad y mucho menos en las finanzas públicas, hacerlo garantiza una crisis económico-financiera importante.

Incluso si no se toman pronto las medidas pertinentes, México tendría que enfrentar un escenario de castigo financiero por el mal manejo de las cuentas nacionales.

La última vez que un traspaso sexenal fue tan comprometido en materia financiera fue cuando Carlos Salinas de Gortari entregó el poder. Treinta años después otro autócrata repite la falla, sólo que el actual no heredará nada, absolutamente nada que sirva.

Lo que hicieron todos los presidentes de este siglo antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder fue hacer un guardadito para mantener la estabilidad financiera entre gobiernos.

Se crearon tres fondos básicos para respaldar las finanzas del país, el de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Lo primero que hizo este régimen fue dilapidar esos Fondos de Estabilización. López Obrador recibió una bolsa del gobierno de Enrique Peña Nieto de 350,000 millones de pesos para dotar de fuerza a las finanzas públicas y este régimen dejará menos de 70,000 millones de pesos. El resto se lo gastó.

La manera de ejercer el gasto público durante este régimen ha sido irresponsable en prácticamente todos los frentes: retiró atribuciones de gasto a estados, municipios, organismos autónomos y a la propia estructura del poder ejecutivo; redirigió el gasto social y de infraestructura a proyectos clientelares y obras poco rentables; dilapidó los recursos en asignaciones directas y sin auditorías. En resumen, convirtió al erario en la bóveda personal del Presidente.

En este régimen el discurso de finanzas públicas sanas fue engañoso desde el primer momento, esa irregular disposición del gasto por parte del ejecutivo fue sembrando carencias en el ejercicio presupuestal, a pesar de mostrar en su conjunto armonía con el ingreso.

Pero la llegada de este año electoral, de la mano de la situación financiera de Petróleos Mexicanos, ya no dejan duda de que la economía mexicana quedará prendida de alfileres para cualquiera que sea la Presidenta de México dentro de seis meses.

La peor irresponsabilidad del gobierno de López Obrador es que aun teniendo claro que las finanzas públicas del país hoy son frágiles, insista en ejercer un gasto descontrolado que lleve a México a enfrentar este año un déficit presupuestal de 5% y con un crecimiento de la deuda pública superior a 50% del Producto Interno Bruto.

Tan solo el déficit presupuestal durante el primer bimestre del año creció casi 300% en comparación con el año pasado.

Dice la Constitución que López Obrador se tiene que ir en menos de seis meses y la mujer que lo releve tendrá que llegar con pies de plomo a recomponer las finanzas públicas del país. Si quien llegue quiere hacer lo correcto, el primer año será de bajo gasto público, tendrá que presentar un Paquete Económico que reordene el presupuesto hacia lo básico e importante y una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y no solo las tasas a los cautivos.

Porque una continuidad en automático garantiza una crisis pronto, muy pronto.