Ahí está la aplanadora legislativa de un solo hombre pasando encima de la oposición y de cualquier propuesta que tengan para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.

Que hablen lo que quieran, es la consigna, pero no hay margen para que el resto de los diputados no alineados de la 4T impulsen cualquier cambio en la forma de gastar los recursos públicos durante el próximo año.

Los resultados electorales del pasado 6 de junio no fueron los que deseaba el Presidente, que claramente quería una mayoría calificada, pero al menos se congratuló de tener la mayoría en la Cámara de Diputados para tener, dijo, garantizado el presupuesto.

Y como no tiene fácil cambiar la Constitución, entonces la 4T usa el PEF para ajustar cuentas y devastar a las instituciones que afecten el proyecto de López Obrador.

Desde el primer paquete de gasto de este régimen quedó claro que el método de asfixia financiera era la manera de aniquilar lo que estorbara a la 4T. Era una forma de moldear el ejercicio del poder sin necesidad de modificar las leyes.

Hasta que en esta segunda mitad del gobierno de López Obrador la apuesta se elevó a ir por cambios constitucionales. El que está en curso con la contrarreforma energética y el anunciado para aniquilar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Es muy probable que, a pesar del jugueteo político que montó el PRI, el régimen actual no consiga los votos suficientes para su retrógrado cambio energético y es previsible que una intentona de modificación a la legislación electoral sea todavía más difícil de transitar frente a la oposición.

Pero tal parece que ahí está el PEF del 2022 como adelanto, como ensayo, para cambiar de facto las condiciones electorales del 2024.

Quiere el Presidente una consulta popular a la que le llaman “revocación de mandato” pero en realidad es una encuesta de popularidad que el INE está obligado constitucionalmente a realizar. Pero la mayoría del propio Presidente le recorta 4,913 millones pesos de su presupuesto para el ejercicio fiscal del 2022, lo que hace prácticamente imposible llevar a cabo la consulta.

No es un asunto de los legisladores, por si quieren argumentar eso en un espejismo de división de poderes, porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el INE sí puede hacer la consulta si usa el fondo de pensiones que tiene guardado.

El punto es que si el INE se ve imposibilitado para llevar a cabo el ejercicio llamado “revocación de mandato” le darán la razón al discurso presidencial y minará entre sus huestes la confianza del instituto.

Pero hay algo más peligroso en el camino. Esa misma mayoría presidencial podría bloquear el presupuesto que el INE pida para llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2024 y meter en un problema serio al país ante la falta de recursos para convocar a elecciones confiables en ese año.

Puede, entonces, este recorte al presupuesto del INE ser un ensayo con miras a debilitar al árbitro electoral en el 2024 a través de la vía de los recursos públicos necesarios para su labor. Todo sin necesidad de una reforma constitucional que los haga del control del organismo autónomo electoral.