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Sigmund Freud la llamó teoría de la proyección, cuando un sujeto tiende a atribuir a otros los pensamientos, sentimientos y deseos propios, incluso los negativos. Esto implica también que una persona que ha realizado una mala acción puede proyectar su propia culpa sobre otra persona y responsabilizarla de lo que ha hecho.

Este principio de la psicología freudiana se aplica con éxito entre los regímenes que hacen de la propaganda su eje de gobierno y la proyección resulta básica para culpar a los demás de los hechos propios.

En México cada mañana se multiplican los ejemplos: antes había corrupción, antes no había transparencia, antes se desviaban los recursos.

Va a ser necesario que en el futuro entre politólogos y psicólogos hagan un recuento de las estrategias del régimen actual.

Pero, por lo pronto, esa proyección ha servido para que este régimen redireccione, desvíe, malgaste mucho dinero público en proyectos del Presidente que no tienen ningún tipo de control ni supervisión.

Una línea discursiva reciente de esa proyección se ha dado en la actual campaña presidencial con aquello de que el Presidente pretendía llegar al poder y recuperar 500,000 millones de pesos de actos de corrupción, pero en realidad recuperó dos billones de pesos.

Se presume como logro una mala práctica, porque si fueran actos de justicia habría juicios de por medio y no están por ningún lado.

Asegura el régimen que le quitaron a las manos de los corruptos 2 billones de pesos, cuando en realidad se trata de reasignaciones arbitrarias para proyectos mayoritariamente opacos.

Se pasó del “no más celulares y autos nuevos”, del “nadie gana más que el Presidente”, al recorte indiscriminado de organismos y presupuestos públicos, a la centralización arbitraria de programas estatales y al recorte de participaciones a las entidades federativas.

El gobierno federal se ha engullido cuanto recurso público está a su alcance para inflar un balón de gastos desmedidos y descontrolados.

Aquellos recursos que se han destinado a proyectos de infraestructura encuentran su tope al momento de ser finalizados. Todos han fallado en sus presupuestos, no se conoce un solo plan financiero ni de viabilidad de ellos y tanto el AIFA como el Tren Maya están condenados a vivir de subsidios públicos.

Pero los recursos destinados a los llamados programas del Bienestar han generado una necesidad de dinero que crece de manera exponencial, porque no hay controles, no hay padrones y es un hecho que se han convertido en fuentes de corrupción.

Y en este cierre de sexenio, cuando a López Obrador la Constitución sólo le da 171 días más en el poder, el Presidente quiere más, mucho más.

En febrero pasado López Obrador envió una iniciativa constitucional para garantizar pensiones universales con 100% del último salario y hoy ya sabemos de dónde cree que puede sacar los recursos.

Obediente como es, el diputado morenista Ignacio Mier transita por San Lázaro una iniciativa a las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para que los ahorros acumulados en las subcuentas de retiro y vivienda de los mayores de 70 años sean traspasados al Fondo de Pensiones del Bienestar.

Esto es, confiscar recursos privados para alimentar un fondo público que será insuficiente para los fines presidenciales.

Ellos podrían seguir así hasta dilapidar el último peso de la economía.