En mala hora, la sombra del Fobaproa

Nadie está obligado legalmente a lo imposible, aunque lo ordene la ley. Esto nos lo ha recordado el ministro en retiro José Ramón Cossío a propósito de la decisión gubernamental de que las empresas paguen el sueldo íntegro de sus trabajadores, aunque no trabajen, y paguen impuestos sobre sus ingresos, aunque no los tengan.

La sombra del Fobaproa persigue en mala hora la cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ve la urgencia de ayudar a miles de empresas como una reedición de aquel rescate de los bancos, a fines del siglo pasado.

López Obrador vio al Fobaproa como un fraude que convertía en deuda pública, deudas de banqueros privados.

La quiebra de los bancos en aquellos años, hay que recordarlo, tenía una relación directa con las decisiones equivocadas del gobierno que condujeron a la gran devaluación de 1995 y a la quiebra de todos los equilibrios del sistema de pagos.

El gobierno lavaba sus culpas financieras con aquel rescate bancario, pero también resolvía un problema real de quiebra de la economía y de millones de economías personales.

López Obrador puso siempre el ojo de su crítica en que el gobierno salvaba a los banqueros, no en que salvaba también a los deudores de a pie.

Esta visión resuena en sus palabras de hoy cuando dice que no habrá un “Fobaproa” para las empresas, queriendo decir con esto que el gobierno no va a rescatar a empresarios.

Pone el énfasis en los empresarios, como antes en los banqueros, no en los trabajadores que van a perder su empleo si las empresas quiebran.

El Presidente cree, creo, que las empresas pueden aguantar la crisis y además pueden pagar el sueldo de sus trabajadores, sin que estos trabajen. Al menos por el mes que viene.

Sin duda hay grandes empresas y grandes fortunas de empresarios que podrían pagar sueldos de sus trabajadores sin que estos trabajen, ni sus empresas generen.

Pero eso está lejos de ser el caso de la abrumadora mayoría de los empresarios, de las empresas y de las fuentes de trabajo del país.

Si las empresas quiebran, quebrarán los trabajadores, y con ellos la economía que funciona del país, incluida la de los ingresos del gobierno del Presidente, y la de sus programas sociales.