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En los manejos de crisis y su resolución siempre habrá quien no quedé satisfecho.

La pregunta y los comentarios recurrentes alrededor de la crisis política que enfrenta el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es qué tan bien o qué tan mal la han gestionado. 

La respuesta no es sencilla sobre todo en un ambiente de politización del tema, de introducción de temas distintos a los que le dieron origen; de atención selectiva nacional e internacional; de movilidad y protesta social; de exigencia por una respuesta sobre la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa; de violencia focalizada emprendida por grupos específicos que ante la respuesta policiaca y la acción judicial acusan represión de Estado; de puesta en duda la calidad moral presidencial en cuanto a transparencia y rendición de cuentas; y de alta proliferación de rumores, información desvirtuada y bromas en redes sociales.

No es una crisis común, ya que se han encadenado varias crisis algunas de las que teóricamente se califican como latentes y otras repentinas. Es un tema de estructuras.

Crisis latente es la simbiosis en que por años han convivido grupos de la delincuencia con autoridades administrativas, policiacas y judiciales que por acción, omisión, colusión o silencio han permitido que los delincuentes hayan tomado control de plazas en una buena cantidad de municipios, en detrimento de la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Esta fue la crisis que detonó todo, desde Iguala hasta la esfera federal y todas las estructuras de poder político y partidarios. 

Crisis latente es la pobreza que da pie a los fenómenos de migración y cooptación –a la buena o la mala- de la población por la delincuencia organizada.

Crisis latente es el hartazgo de una sociedad activa o pasiva que ha vivido bajo la zozobra de la inseguridad por los secuestros, asaltos, homicidios, lesiones, pago de derecho de piso. O por la corrupción de autoridades de todo tipo hasta para la simple gestión de trámites.

Crisis latente es la duda sobre el actuar transparente de las autoridades, de los partidos, de la clase política en general.

Crisis latente es mirar que el Estado de Derecho ha sido, en la mayoría de los casos, sólo un enunciado que choca con la demanda de justicia. De nada sirve tener muchas leyes y buenas, si no se aplican.

Crisis repentina es aprovechar el río revuelto que ha creado la crisis política que hoy vive México para introducir otros intereses y exacerbar los ánimos.

Crisis repentina es que un tema nacional se ha convertido en internacional y en que muchos foros artísticos, deportivos, culturales y sociales se expresa solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa.

Crisis repentina es que la violencia esté surgiendo como medio de protesta por algunos grupos. 

Crisis repentina es la denuncia periodística sobre la adquisición de la Casa Blanca de las Lomas.

Y hasta repentina es la crisis cuando el Presidente uruguayo, José Mujica, acusó ayer que México era un Estado Fallido, para luego retractarse.    

La lista es amplia. No es una crisis. Son varias.

¿Se ha actuado bien?

Las crisis latentes requieren una acción de mayor profundidad. No es sólo un tema de comunicación. La pobreza, la inseguridad, la recuperación del Estado de Derecho y el establecimiento de mecanismos de transparencia y seguridad requieren de acciones amplias y profundas. De una reestructura en muchos sentidos que implican la intervención no sólo de la autoridad, del gobierno, sino de diversos sectores y actores de la sociedad.

La sociedad mexicana se ha ido polarizando en varios aspectos de esta crisis de crisis. Pero ahora más respecto a la respuesta que ha dado el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal sobre la actuación de grupos que han hecho de la violencia su estandarte de protesta social. No está en cuestionamiento la razón de los jóvenes, sino la acción.

¿Cómo disuadir la violencia en un estado de encono de jóvenes armados con fuego?

El deslinde que han hecho quienes protestan pacíficamente es importante. El Gobierno ha ido ablandando un poco al eliminar tipos penales federales en la consignación de los 15 jóvenes que fueron detenidos durante los disturbios de la noche del 20 de noviembre, como forma de atenuar el impacto. 

Y una pregunta recurrente en esta crisis es sobre la manera en que se manejó el tema de la denuncia periodística en torno a la Casa Blanca de las Lomas. A muchos no gustó la respuesta de la esposa del Presidente, pero dentro de la crisis se ha sentado un precedente que no se debe escatimar: por un lado hubo una explicación pública y se abrió la caja de la confidencialidad acerca de la situación patrimonial del Presidente de la República. Sobre ello, seguro, no habrá marcha atrás en el futuro.

No hubo conformidad porque lo que se quería escuchar es si había o no un conflicto de interés. Tema complicado, resbaladizo, en que muchas empresas –incluida en donde se originó la denuncia periodística- no han podido salir librados del todo. 

Pero por otro lado, una regla en los manejos de crisis es que no se puede aplicar la política del avestruz frente a la problemática y las crisis. Es decir meter la cabeza en un agujero cuando el cuerpo queda al descubierto.

Siendo objetivo no se puede negar que Enrique Peña Nieto y algunos de sus miembros del gabinete han dado la cara frente a los hechos. Pudieran no hacerlo, que en estas circunstancias sería lo menos recomendable, porque ello exacerbaría más las dudas y las imputaciones; por ende, hacer más grande la crisis.

Pero la dimensión de las crisis latentes –combinada ahora con las tentaciones de violencia- es mayor y ahí es donde se requiere cirugía mayor.

La sociedad quiere justicia, certeza, certidumbre y eliminar la impunidad. Sin esto, por más buenas que puedan ser, las reformas estructurales económicas pueden quedan sin un cimiento fuerte. 

Postscriptum.- Nadie está exento de manifestar su apoyo o malestar. Pero fue de llamar la atención la aparición de Francisco Hernández Juárez en la marcha pacífica del 20 de noviembre y la acción del Sindicato de Telefonistas de parar actividades ese día. Ya en mayo de este año el líder  había dicho que las acciones de su gremio nada tenían que ver con los intereses de Teléfonos de México. Y es que en aquella ocasión Telmex manifestó inconformidad por la presencia del sindicato telefonista en manifestaciones públicas, porque Héctor Slim consideró que le achacarían a él la participación.