Coyotes y gallinas

Debo reconocer que en la columna del pasado jueves se me hizo bolas el engrudo con las fechas y escribí que ese día -11 de diciembre- terminarían las sesiones ordinarias del Congreso, al considerar que al día siguiente sería feriado por estar consagrado a la virgen de Guadalupe, madre de todos los mexicanos incluyendo a los que carecen de ella; obvio que de madre, no de virgen de Guadalupe.

Luego, manifesté que como los siguientes días eran de descanso, equivocadamente, me referí al sábado 14 y al domingo 15, que es el día que la Ley Orgánica del Congreso marca como el último del primer periodo de sesiones ordinarias, di por hecho, dentro de mi equivocación ya estarían los inmarcesibles paladines de nuestros leyes de vacaciones. Mas no fue así.

Hoy, 15 de diciembre, el Senado está activo, entregando la medalla Belisario Domínguez al escritor y político chiapaneco Eraclio Zepeda. Y me imagino que en la Cámara de Diputados también se hallarán en acción. Supongo que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción estarán haciendo un esfuerzo para cumplir con el reto de aprobar, a más tardar hoy los cambios legales pendientes en materia de combate a la corrupción. Labor imposible de realizar, cuando menos en tan corto plazo.

Posiciones encontradas

El Partido Acción Nacional propuso en la Cámara de Diputados un sistema nacional anticorrupción, asunto que aparece en el número uno de los 266 compromisos contraídos por Enrique Peña Nieto durante su campaña.

La iniciativa panista se basa en seis ejes fundamentales, de los cuales comentaré dos de ellos. Uno es la creación de un “Consejo Nacional para la Ética Pública que asegure una amplia representación del sector público y de la sociedad civil organizada”. Entiendo que los representantes del sector público serían contrapeso de la representación de la sociedad civil -y viceversa. Al respecto, pienso que, por simple experiencia en las lides de las encomiendas sociales, los representantes del sector público se engullirían, en menos de lo que escribo, a la “representación de la sociedad civil organizada”. Para empezar habría que preguntarse: ¿cómo se organizaría ésta? ¿Se formarían clubes de ciudadanos organizados anticorrupción? Ni modo que constituyeran un partido político. Si así lo hicieran, pasarían a ser colegas “de la amplia representación del sector público” y al ser de la misma calaña compartirían el mismo lema: “Perro no come carne de perro”.

Aunque si uno se fija bien, el mentado “Consejo Nacional para la Ética Pública” en el nombre lleva una de sus debilidades: no necesariamente lo legal tiene que ser ético.

El segundo eje del que me ocuparé es el que propone la creación de un “Comité de Participación Ciudadana, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos”. Para que este comité funcione de verdad, se necesita que los ciudadanos que lo formen tengan acceso a todo tipo de información sobre gastos, operaciones con dinero público, patrimonios y deudas de los funcionarios gubernamentales y operaciones de las empresas proveedoras del gobierno. No importa que éstas estén “reservadas” por así convenirle a la seguridad nacional; ni que las operaciones financieras las haya realizado un funcionario cuando era particular. Por ejemplo: un ciudadano que en un lapso en el que no trabajaba para el sector público compró una casa a una empresa inmobiliaria propiedad de una compañía de servicios múltiples que fue beneficiada por el gobierno en el que el comprador prestó sus servicios cuando trabajó en el gobierno estatal. Como dato adicional: por ahí se sabe que dentro de pocos meses, el adquiriente de la casa trabajará en el gobierno federal en el que según parece tendrá un puesto importante. La operación entre comprador y la inmobiliaria es a través de un crédito hipotecario a 18 años, inusualmente, el crédito es con la propia inmobiliaria. Sin embargo, el funcionario finiquita su adeudo 16 años antes de lo previsto “por razones financieras y con recursos propios”.

El comprador de la residencia declaró: “La operación se realizó de manera plenamente legal, cuando yo no era servidor público, dentro de parámetros de mercado por lo que no existió conflicto de interés alguno” Yo le creo. Pero claro que me gustaría que existiera el precitado “Comité de Participación Ciudadana”, ante el cual el funcionario presentara la documentación probatoria de la compra del inmueble, los pagos realizados antes de la liquidación, el contrato en el que se precisó el valor y los intereses a pagar. Así todos quedaríamos tranquilos y tendríamos confianza en nuestro sistema.

Regreso a lo dicho líneas arriba: resultó imposible que los diputados se pusieran de acuerdo para que antes de irse de vacaciones aprobaran el sistema nacional anticorrupción. Hubo un cambio en la redacción del proyecto que los colmilludos priístas achacaron al perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, que por supuesto lo niega porque el dictamen quedó con olor a PRI. Por supuesto que el PAN y también el PRD están en contra del cambio realizado al contenido. Pero el PRI y el Verde Oportunista no quisieran quitarle ni una coma. El nuevo texto propone integrar un consejo anticorrupción controlado por el presidente de la República y los gobernadores. ¿Pero cómo? Se trata de vigilarlos a ellos, ¿no? ¿De cuándo acá los coyotes cuidan a las gallinas?