Fue la noche del 26 de septiembre del 2014 —mañana se cumplirán cuatro años— cuando en la población de Iguala, Guerrero, y sus alrededores, tuvo lugar un acontecimiento que se considera el primer punto de quiebre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquella noche, policías uniformados acompañados de tres sicarios atacaron cinco autobuses que transportaban … Continued
Fue la noche del 26 de septiembre del 2014 —mañana se cumplirán cuatro años— cuando en la población de Iguala, Guerrero, y sus alrededores, tuvo lugar un acontecimiento que se considera el primer punto de quiebre del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aquella noche, policías uniformados acompañados de tres sicarios atacaron cinco autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y un autobús más en el que viajaban los futbolistas del equipo “Avispones de Chilpancingo” de la tercera división. El saldo del ataque fueron 20 heridos, 3 estudiantes muertos, uno de ellos después de torturarlo; así como tres personas fallecidas más: el chofer del autobús de los “Avispones”, un futbolista de éste equipo de sólo 15 años, y una pasajera de un taxi que fue alcanzada por las balas policiacas. Si lo anterior resulta doloroso y cruel, no fue lo más tétrico de esa noche triste. Lo peor fueron los 43 normalistas desaparecidos. Cuyo destino a cuatro años del acontecimiento no se sabe, con seguridad, cuál fue.
La noche de los hechos era la de un viernes. El sábado las autoridades municipales, estatales y federales ya estaban enteradas de lo sucedido. Esto no fue óbice para que el presidente Enrique Peña Nieto, tal vez sin medir la magnitud de lo acontecido, viajara a Ixtapa de la Sal para jugar sus acostumbradas partidas de golf de sábados y domingos. Mientras tanto el caso Ayotzinapa ya tenía dieciocho hoyos por donde se colaban la insidia con la que fue perpetrado el suceso, las sospechas que señalaban hacia varios puntos. Entre otros al 27º Batallón de Infantería, cuyo cuartel está a 3 kilómetros del lugar de los acontecimientos. Según dijeron, los militares no intervinieron para nada. (Seguramente los balazos que probablemente escucharon los confundieron con algunos cohetes retrasados de la celebración de la Independencia Nacional).
Pero la sociedad y los medios de comunicación le dieron al caso una dimensión inusitada y exigieron información para ellos y castigo para los culpables. De lo primero se les dio con cuentagotas y sólo lo que a la autoridad convenía; de lo segundo se hizo una simulación de las que se acostumbran hacer en el país: veintidós elementos de la policía municipal de Iguala fueron remitidos a un penal de Acapulco como probables responsables de los seis homicidios. Tiempo después fueron trasladados a la cárcel de Tepic, Nayarit.
El 30 del mismo mes, el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, pidió licencia al cargo durante 30 días, “con el fin de no entorpecer las investigaciones”. El alcalde y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa salieron por piernas.
Fue hasta el 3 de octubre, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abogó ante el gobierno mexicano por los desaparecidos; cuando el gobierno federal, por medio de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dio las primeras señales de vida: ofreció a los familiares de los ausentes coadyuvar en su búsqueda. Al otro día, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que atrajo la investigación.
El 23 de octubre el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, pidió licencia por seis meses al cargo. La licencia fue un eufemismo de renuncia. El exalcalde de Iguala y su esposa fueron detenidos el 4 de noviembre en la ciudad de México. Actualmente están en prisión, sin que se sepa su estatus.
El domingo 9 de noviembre, cuando estaban en su apogeo las protestas por el caso Ayotzinapa y mientras el presidente Peña Nieto viajaba a China —donde lo recibieron con desaprobación por lo ocurrido en Iguala—, el portal de noticias de Carmen Aristegui; la revista Proceso y el diario La Jornada; difundían una noticia: “El presidente posee una casa en las Lomas de Chapultepec. Fue construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en el Estado de México cuando él fue gobernador”. Éste fue el segundo punto de quiebre del gobierno del mexiquense. A partir de estos dos acontecimientos, su popularidad se diluyó hasta ser la más baja que presidente alguno haya tenido desde que se aplican los estudios demoscópicos en la política nacional. (Sexenio de Carlos Salinas).
El 27 de enero del 2015, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, presentó “la verdad histórica” del caso que nos ocupa. Un cártel de la droga, “Guerreros Unidos”, confundió a los estudiantes de Ayotzinapa con un grupo rival por lo que incineró sus cuerpos en un basurero de Cocula, Guerrero. Los restos fueron arrojados al río San Juan.
Por medio de un video, Peña Nieto se hizo eco de lo expresado por el procurador Murillo Karam, que terminó cansado al final de su ardua exposición. El video del presidente y lo dicho por el procurador fue desmentido por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que, tras 18 meses de recolección y exámenes de evidencia física, concluyeron: “No se encontraron elementos científicos objetivos” que sustenten la versión de la Procuraduría General de la República conocida como “verdad histórica”.
Mientras tanto, un grito adolorido suena en la nación: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Minuto a minuto
