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Los precios de las gasolinas se fijan por factores internacionales, independientemente de que ese precio lo pague el consumidor o un gobierno con recursos públicos.

Incluso, un país que pudiera producir 100% de sus energéticos paga un costo si decide vender esos productos por debajo de sus costos de mercado, y ni hablar si decide venderlos por debajo de sus costos de producción.

Durante décadas se reforzó el cuento de Pemex como la empresa de todos los mexicanos con un enorme subsidio a los precios de los energéticos, principalmente las gasolinas.

El gobierno federal compensaba la baja productividad, la corrupción y el brutal traspaso de recursos de la petrolera con subsidios a los combustibles. Eso siempre fue un crimen, pero era muy cómodo para todos.

Los combustibles no deben tener precios subsidiados e incluso deberían pagar, como en muchas partes del mundo, impuestos altos ante su innegable aportación contaminante.

Pero México es un país con una población que mayoritariamente percibe bajos ingresos y que ha recibido ese dulce envenenado de los subsidios durante muchas generaciones.

Era un hecho que cambiar esta desviación tan onerosa implicaría un costo político elevado. Al actual gobierno se le pueden buscar muchos muertos en el clóset, pero las reformas estructurales fueron grandes aciertos que hoy corren peligro.

Una posible reversión de la reforma energética implicaría un derrumbe en la confianza del país, el uso de miles de millones de dólares en indemnizaciones y, por supuesto, una reversión del proceso de liberación de precios de los energéticos.

Dos de los tres candidatos presidenciales serios han propuesto regresar a un esquema de subsidios a las gasolinas. A quien le dan pan que llore, aunque en la realidad implique un costo enorme para todos regresar a la quema de dinero público para pagar un producto que usan unos cuantos.

¿Realmente alguien se preocuparía por el uso de 250,000 millones de pesos presupuestales al año para subsidiar las gasolinas si con ello se pueden tener litros de 14 o 15 pesos?

El actual gobierno renunció a la quema de dinero presupuestal en subsidios a las gasolinas, pero no se separó del sacrificio fiscal para matizar las consecuencias de un mercado libre y tan volátil como el de los energéticos.

Ahora mismo, el gobierno federal utiliza un esquema de sacrificio fiscal que implica dejar de ingresar recursos por concepto del impuesto especial a los combustibles con tal de tener un amortiguador en el precio.

Pero la promesa es bajar los precios. Hay tres opciones para esos candidatos que lanzan el anzuelo populista: o baja el precio internacional del petróleo o usan recursos públicos para bajar artificialmente el precio del litro de gasolina o simplemente incumplen su promesa.

Pero como la amenaza de caer en el pozo populista es real, hay un riesgo presupuestal importante por este tema y por tantos otros que en esa nublada visión de querer tener contento al pueblo bueno van a implicar un garantizado deterioro financiero del país.

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