Una fiscal bajo asedio

Apenas si María de la Luz Mijangos fue ratificada como fiscal anticorrupción, hace nueve meses, tuvo que afrontar impugnaciones de organizaciones no gubernamentales que llegaron a los tribunales y han dificultado el cumplimiento de su encargo: perseguir a quienes —en lo público y en lo privado— han desfalcado al erario.

Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) presentó una demanda de amparo para reclamar la legalidad del nombramiento realizado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y ratificado por el pleno del Senado de la República, bajo una premisa esencial: no hubo apego al procedimiento de ley.

Las omisiones, de ambas partes. No hubo convocatoria para concursar el puesto de fiscal especial, ni comparecencias públicas; no se aportaron razones de idoneidad para que la fiscal anticorrupción ocupara el cargo ni se evaluó si los vínculos que tiene con el presidente de la República pudieran trascender al ejercicio de su cargo; no se garantizó el derecho de la sociedad civil a participar y opinar en el proceso; no hubo un portal de internet, ni fue reportado en algún otro medio digital el proceso de designación, y no se publicó proactivamente documento alguno sobre la designación de la fiscal anticorrupción.

A la demanda inicial han seguido 29 escritos en ocho meses de juicio, durante los que han sido presentados y resueltos siete recursos incidentales y de procedimiento. En el camino, cinco organizaciones nacionales e internacionales se presentaron ante el juez para respaldar los argumentos de los demandas y reiterar que tiene interés legítimo en el asunto. DLM —organismo fundado hace cinco años por Jorge Cardoso y Carlos Guerrero— espera que el juez pronuncie sentencia en dos semanas.

¿Una fiscal anticorrupción carnala? Nadie podría cuestionar las competencias y capacidades de Mijangos, académica de la UNAM, con doctorado en la Complutense de Madrid y estudios postdoctorales, gracias a una beca F­ulbright, en Yale. Allá conoció al deán de la escuela de derecho y a su esposa, los padres de John Ackermann. Ni eso ni su trabajo en la contraloría del GDF ni su matrimonio con el abogado Jaime Cárdenas Gracia son plúmbeos; todo lo contrario.

Las impugnaciones a la fiscal anticorrupción no han logrado que su trabajo sea interrumpido: en ocho meses ha abierto 680 carpetas de investigación. La eficacia de su equipo pronto deberá quedar demostrada. La legitimidad de su nombramiento, ni más ni menos, quedó en manos de los jueces. Las enmiendas al Código Penal Federal que imponen castigos severos a los actos de soborno, intimidación, ejercicio abusivo de autoridad, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito están vigentes. Y son los instrumentos que Mijangos aplicará, sin lugar a dudas, en pleno ejercicio de la autonomía judicial.

Efectos secundarios

DIVERGENTES. Tras una década de un agrio conflicto que pasó de lo civil a lo penal, el empresario tapatío Horacio Servín fue puesto a disposición del juez noveno, con sede en Puente Grande, para enfrentar la acusación de fraude específico por simulación en el manejo accionario de El Águila, la fábrica de sulfatos de cobre instalada en Tlajomulco de Zúñiga. La disputa involucra a los hermanos Carlos, Gerardo y Horacio Servín Martínez, fundadores de esta empresa, líder en esa industria en México. El denunciante fue Carlos Servín, quien ha argumentado que sus hermanos se aprovecharon de que padece distrofia muscular avanzada —que lo ha mantenido inmóvil de pies y manos, y dependiente de asistencia para realizar cualquier actividad— para despojarlo de sus acciones en una asamblea realizada el 9 de mayo del 2011. Aparentemente, los otros dos hermanos, Horacio y Gerardo, en complicidad con el comisario de la sociedad, José de Jesús Maciel Cordero maquillaron cifras para reembolsarle apenas 10 millones de pesos, a pesar de que la disputa accionaria de acuerdo al volumen reportado en sus estados financieros es por más de 1,558 millones de pesos.

DECRETO. La Cuarta Transformación ha adoptado la paridad de género como bandera. Y el 2020 es el “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, en una reivindicación de la memoria histórica a una de las principales heroínas de la Independencia de México. De espíritu rebelde y libre, es considerada la primera mujer periodista en México y corresponsal de guerra que transmitió información relevante al movimiento insurgente.