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El nuevo marco regulatorio no garantizará por sí mismo una mayor competencia, aunque constituye un mensaje claro a favor de un terreno de juego más parejo.

Las leyes secundarias reducirán el poder de dos de las empresas más poderosas de México: Telmex-América Móvil y Televisa. Si se aprueba el dictamen que ayer fue presentado, habrá restricciones concretas al poder de mercado de éstas, las empresas que presiden Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Las multas en caso de incumplimiento serán cantidades importantes: de 2 a 10% de los ingresos del concesionario.

Telcel no podrá celebrar contratos de exclusividad en la compra y venta de equipos terminales. Televisa puede enfrentar regulación asimétrica en mercados relevantes específicos, como es el caso de la televisión restringida.

Estas medidas se suman a la reglamentación de preponderancia que ya anunció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en marzo de este año. En ellas se definen obligaciones de interconexión para Telmex y las relacionadas con la entrega de señal sin costo por parte de Televisa, para la inmensa mayoría de concesionarios de televisión restringida.

El nuevo marco regulatorio no garantizará por sí mismo una mayor competencia ni beneficios masivos a los consumidores, aunque constituye un mensaje claro a favor de un terreno de juego más parejo. Hay incentivos para invertir y candados para inhibir prácticas abusivas. ¿Cómo pasar de la ley a la realidad? Es todo un reto. No sabemos cómo procesarán las autoridades el catálogo de nuevas facultades que reciben. Es, también, una variable desconocida la forma en que reaccionarán las empresas, las que ahora están y las que entrarán.

Cuánto invertirán en México Telmex-América Móvil; Televisa; Grupo Salinas; Nextel; Maxcom, Axtel; qué cambios harán en su estrategia de mercado; cómo interactuarán con las autoridades regulatorias; qué tan rápido adoptarán las nuevas tendencias y tecnologías disponibles en los mercados globales.

Las leyes secundarias no contemplan la definición de preponderancia por servicio, como pretendían algunos legisladores y un sector de la opinión pública. La reforma constitucional establece que esta preponderancia se debe considerar por sector, en el artículo octavo. Esto no es necesariamente un favor a Televisa, en primer lugar porque el IFT puede determinar la regulación asimétrica, en mercados específicos. Adicionalmente, hay que considerar que se trata de una industria donde la convergencia y la innovación está redefiniendo constantemente los mercados: la llegada de Netflix reta a las empresas de televisión restringida y redefine el negocio.

Los consumidores tendrán ahorros en el corto plazo: el cobro por larga distancia deberá desaparecer antes del 31 de diciembre del 2014. Esto significa un acortamiento del plazo anteriormente previsto, de tres años. La baja en las tarifas de interconexión profundizará la tendencia bajista en los precios de telefonía celular.

Las televisoras y radiodifusoras deberán cumplir con reglas específicas para proteger los derechos de la audiencia infantil. El público de televisión y radio tendrá defensores de audiencia, que recibirán lineamientos del IFT.

Poco se ha hablado de los riesgos a la libertad de expresión que implica el nuevo marco legislativo. En la práctica, se le está dando a la autoridad el privilegio de calificar contenidos y definir si son aptos para una determinada audiencia o si constituyen información o propaganda encubierta. La propuesta deja abierta la puerta al abuso de autoridad y control de contenidos. ¿Quién vigilará al vigilante?

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