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En vísperas de la contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor decretada por el Consejo de Salubridad General, ya había una búsqueda desesperada de ventiladores mecánicos. Las normas estipuladas por la Secretaría de Economía y Cofepris delimitaban el conjunto de posibles proveedores, pero sobre todo, la escasez de los equipos ante la demanda de los países golpeados por la primera oleada del Covid-19.

Ante los jefes de Estado y de gobierno del G-20, el 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el acaparamiento de las naciones con economías más desarrolladas y requirió la intervención de la ONU. Posteriormente, solicitaría a su homólogo estadounidense, Donald Trump, apoyo para conseguir los preciados aparatos. La emergencia ventilatoria masiva era inminente.

Un día antes de la cumbre virtual, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México adjudicó directamente un contrato a la empresa SIXMED para la adquisición de 170 ventiladores por los que erogará 493 millones 250,000 pesos. Cada ventilador —Covidien Puritan Bennet modelo 980— fue cotizado en 2.5 millones de pesos.

El servicio contratado contempla la instalación, puesta en marcha y capacitación para el uso de cada uno de los 170 aparatos portátiles, disponible en el mercado por 50,000 euros, 1.25 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Por esas mismas fechas, el IMSS había encargado 2,500 ventiladores de fabricación china, por los que erogaría 3,000 millones de pesos.

Ya fueran chinos, eslovacos, rusos o suizos, los requirentes no escatimarían recursos materiales ni humanos para conseguir los aparatos y cubrir las necesidades de aquellos pacientes que ingresarían a terapia intensiva por una infección respiratoria aguda. Los modelos matemáticos proyectaban que podrían ser hasta 3,000 hospitalizados intubados, para finales de la próxima semana.

¿Nuevos o usados? Por esas mismas fechas, en Palacio Nacional se confirmó que después de la pandemia de la influenza A H1N1, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa autorizó la compra de 2,000 ventiladores mecánicos. Entre 2010 y 2012 fueron adquiridos esos aparatos, pero quedaron en bodegas.

En preparación al pico de la pandemia, la Secretaría de Salud logró ubicarlos y descubrió que 1,500 estaban en desuso, por falta de mantenimiento. Con recursos de la Secretaría de Marina fueron enviados a talleres y para finalizar esta semana, 500 de esos aparatos estarían nuevamente en las unidades hospitalarias.

Un lote de esos mismos ventiladores volumétricos —marca I&M, modelo Matisse— fueron adquiridos por gobiernos estatales (entre ellos Yucatán y Oaxaca), con descuento del precio normal, aunque debieron sufragar su reparación. Y otro lote fue adquirido por Cyber Robotics, que luego lo revendió al IMSS.

La estrategia del IMSS para afrontar la contingencia sanitaria ha tenido que sufrir ajustes, ante los imponderables. Allí están las adjudicaciones directas para cubrir el incumplimiento de Levanting Global Servicios, contratada para entregar 2,500 ventiladores, de las que finalmente se beneficiaron Cyber Robotics, Conduit Life, Comercial de Especialidades Médicas y Bidcom Energy.

La estafa del consorcio encabezado por Baldemar Pérez Ríos será sancionada por la Secretaría de la Función Pública y también, la celeridad con la que los proveedores de equipos médicos pudieron cubrir los faltantes… con sobreprecios. Las pesquisas necesariamente deberán pasar por desentrañar los visos de nepotismo y conflicto de intereses que apuntan, indudablemente, a la CFE, pero también al despacho principal de la sede central del IMSS.

Allí mismo han tenido que improvisar para resolver otros faltantes. A finales del año pasado, por incumplimientos, fue rescindido el contrato asignado para la prestación del servicio integral de laboratorio de análisis clínico y banco de sangre al consorcio formado por Hemoser y Tesi de México. Las unidades hospitalarias del IMSS han tenido que solicitar a los antiguos proveedores no retirar los equipos, ya que sin ellos no se podrán procesar las muestras del servicio de urgencias.

Efectos secundarios
ENCADENADOS. Para llevar Aprende en Casa a todo el país, la SEP y Grupo Televisa suscribieron un acuerdo para que 16 estaciones de la televisora de San Ángel bajen la señal de los programas educativos en poblaciones alejadas de Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Grupo Televisa, como parte de sus políticas de responsabilidad social, desplegará además su capacidad de antenas en tierra y satelitales, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones coadyuvó con los mapas de cobertura, a fin de maximizar el alcance de los contenidos educativos, producidos por el ILCE y Televisión Educativa, y transmitidos por Justicia TV, los canales del SPR y emisoras de Total Play, Dish, Izzi, SKY, Cablemas, Axtel, Megacable y Claro Video.

TARAMBANAS. Como el gobernador poblano, Luis Miguel Gerónimo Barbosa, el alcalde morenista de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no cree en las cifras que diariamente ofrece el task force contra el coronavirus en la CDMX. Y por petición popular (sic) concederá permiso a sus gobernados para festejar el próximo domingo a las Madres. ¿Las reglas? Que los restaurantes en aquel destino turístico no ocupen más de 40% de su capacidad. Eso sí, el Químico promete una severa vigilancia para evitar las aglomeraciones y clausuras ipso facto a quienes incumplan. ¡Faltaba más!