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Una ventaja de la centralización del poder en la figura presidencial es que cuando se logran cambios tan importantes como la reforma energética el que se lleva las palmas es el titular del Ejecutivo.

Como en los viejos tiempos, se minimiza el papel del Legislativo para ensalzar la imagen presidencial. Y no es para menos, cuando fue precisamente esa vocación política de centralizar el poder lo que hizo posible concretar cambios legislativos inimaginables en este país.

Pero ese mismo poder centralizado y potenciado es lo que hace que una acción claramente vinculada al crimen organizado como la desaparición de los manifestantes identificados como normalistas de Ayotzinapa se facture a nombre del gobierno federal.

El abandono del discurso de la guerra contra el crimen organizado que enarbolaba el gobierno de Felipe Calderón permitió reencauzar a la opinión pública hacia el discurso constructivo de las reformas. Lástima que muchas decisiones económicas indujeron una desaceleración que opacó ese alegato.

Los hechos violentos de crimen organizado han seguido con su curso habitual, sólo que lejos de las primeras planas y los espacios informativos, hasta que son lo suficientemente contundentes como para obviarlos.

Los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala fueron víctimas de las organizaciones del crimen asentadas en Guerrero, pero las pedradas se las lleva el edificio de la PGR en la capital del país en un intento muy bien armado de mezclar la obligación de investigar con la responsabilidad de la desaparición.

Muchos grupos que le traen ganas al gobierno federal han encontrado el caldo de cultivo perfecto para sembrar el odio en la tierra fértil de los jóvenes. No es muy difícil ver que los intereses desestabilizadores del crimen y de algunos grupos políticos se alinean en una estrategia que podría ser una simple coincidencia.

En el nombre de las mejores causas del pueblo bueno se han cometido atrocidades como cerrar carreteras, tomar casetas, incendiar edificios, apedrear instalaciones, en fin. Una larga lista de delitos que el gobierno no se ha atrevido a intentar castigar. Esa impunidad es la mejor invitación a más hechos violentos.

En los tiempos del discurso de la guerra contra el crimen se dio un sentimiento general de desasosiego cuando se descubrió la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Casi 200 personas inocentes ejecutadas, pero dimensionadas como daños colaterales de una lucha del gobierno contra los peores grupos del narcotráfico. Gobierno y ciudadanos habían quedado del mismo lado de las víctimas, hoy no.

Este caldo de cultivo de la inestabilidad es además inoportuno en términos financieros, porque el mundo está en un proceso de depuración de los mercados que resultan confiables y los que habrán de ser abandonados ahora que empezará a faltar el dinero barato.

El Mexican moment no puede pasar de enmarcar a un gobierno poderoso capaz de impulsar los mejores cambios estructurales a un gobierno señalado como responsable de los peores momentos de violencia provocada por las organizaciones del crimen organizado.

La inestabilidad provocada podría tener una enorme factura económica si no se encuentra pronto un cauce correcto para la evidente agitación social inducida.

No les gusta, pero quizá llegó la hora de reeditar el discurso de la guerra contra aquellos que desde el crimen organizado claramente quieren acabar con este país.