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No es sólo la conducción de una consulta hacia la alternativa de Santa Lucía, es la confirmación de que ese discurso que generaba incertidumbre en tantos años de campaña es posible llevarlo a la realidad al costo que sea.

El propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador minimizó los efectos en los mercados financieros tras anunciar su decisión de destruir los avances del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para dar paso al proyecto de Riobóo de dos pistas en la base militar en el municipio mexiquense de Zumpango.

Una depreciación de más de 3% del peso frente al dólar y una caída de los índices bursátiles mexicanos por esta decisión no son hechos que se queden sólo para el perjuicio de los inversionistas.

La expectativa de un mayor costo del dólar provoca presiones inflacionarias, que a su vez implican la reacción monetaria de un mayor costo del dinero. Vamos, nadie se salva de esos efectos negativos.

Pero, además de estos indicadores, que son números fríos, está la percepción de lo que aquí sucede.

No sólo es la división interna entre los ciudadanos que se desgarran en las redes sociales o en las sobremesas familiares, es la percepción externa de los que tienen la posibilidad de cambiar su decisión de invertir en México.

Tras la publicación del resultado de la encuesta, el grupo financiero suizo UBS publicó un análisis de lo que esto implica para el mercado mexicano. Y es contundente, este influyente actor financiero dice que esta decisión reta el imperio de la ley en México.

UBS cuestiona la posibilidad de usar ese mecanismo de legitimación de las decisiones de poder para, por ejemplo, gastar las reservas del Banco de México para un propósito diferente al que realmente tienen.

Además, este grupo suizo resalta la decisión de Fitch Ratings de poner en perspectiva Negativa la calificación crediticia de Pemex y los comentarios de Moody’s respecto al peligro de que la deuda soberana mexicana pueda perder el grado de inversión.

Estas dos calificadoras centraron sus comentarios en el sector energético y los planes de gasto que tiene el próximo gobierno para construir refinerías y dejar de exportar petróleo para surtir la producción local de hidrocarburos.

Éstas y otras firmas financieras internacionales no hablan a petición de los camajanes del poder o de la prensa fifí. Son empresas globales que tienen la obligación de orientar a sus inversionistas sobre las oportunidades o peligros del mercado. Y puede decir el presidente electo que su decisión no representó ninguna alteración en los mercados, que el peso se fortaleció durante su consulta amañada y que son factores externos los que deprecian al peso. En fin, puede negar la realidad.

Puede pensar que ver la cotización de la moneda mexicana pasar de 18.50 a 19.99 por dólar, en relación directa con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no es importante.

El gobierno entrante puede creer que sólo es suficiente escuchar al sabio pueblo bueno y que con los mercados se habla para tranquilizarlos.

Lo que tienen que ver en esas reacciones en el tipo de cambio, en los indicadores bursátiles, en las presiones en el mercado de dinero, son señales a tiempo de lo que habrá de traspasarse al resto de la economía, sí o sí. Y por lo visto más temprano que tarde.