El primero de los tres reportajes de “La estafa maestra” a que me referí ayer en este espacio da cuenta de la asignación ilegal, en los años 2013 y 2014, de 7 mil 760 millones de pesos a universidades públicas y la desaparición de 3 mil 433. (Mil seis millones se quedaron las universidades como … Continued
El primero de los tres reportajes de “La estafa maestra” a que me referí ayer en este espacio da cuenta de la asignación ilegal, en los años 2013 y 2014, de 7 mil 760 millones de pesos a universidades públicas y la desaparición de 3 mil 433. (Mil seis millones se quedaron las universidades como comisión). (https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/)
Los otros dos reportajes se refieren a las dependencias estelares en la estafa: la Secretaría de Desarrollo Social, que asignó convenios por 2 mil 224 millones, y Petróleos Mexicanos, por 3 mil 567.
Pero otras nueve dependencias del gobierno federal usaron el mismo mecanismo, sugiriendo que se trata de un mecanismo sistemático, más que de una ocurrencia incidental.
En 2013 y 2014, Banobras hizo convenios con universidades por 491 millones de pesos; el Registro Agrario Nacional, por 447 millones; la SEP, por 278; el Fovissste y Superissste, por 249; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por 138; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por 97; la Secretaría de Economía, por 96; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 52, y la Secretaría de Agricultura por 19 millones.
Las universidades involucradas son la Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El traslado de dinero por convenio a universidades, y de éstas a las empresas en cuyas sombras desapareció más de la mitad de lo asignado, se hizo burlando una disposición de la Ley de Adquisiciones del gobierno federal, que permite a las universidades públicas celebrar convenios de prestación de servicios y subcontratarlos siempre que la propia universidad cumpla con 51% de los servicios convenidos (Art. 4º del reglamento de la Ley de Adquisiciones).
No ha sido así en ninguno de los casos denunciados por “La estafa maestra” y esa es la razón, junto con la desaparición de los recursos, por la que el titular de la Auditoría Superior de la Federación llama a esto simplemente un fraude.
Minuto a minuto
