No todo es mayoría

Esta vez, el freno no vino de la oposición, sino desde dentro de la propia alianza oficialista.

Tras seis horas de debate en el Senado, el llamado “Plan B electoral” fue aprobado en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Pero en lo particular, el Partido del Trabajo (PT) marcó una línea clara: no permitir que la revocación de mandato se adelantara a 2027.

La reserva presentada por la senadora petista Liz Sánchez eliminó la modificación al artículo 35 constitucional, que buscaba empatar este ejercicio con las elecciones intermedias. El resultado fue contundente: la revocación de mandato se mantiene en 2028, como ya está establecido.

Este movimiento no es menor. Morena, pese a días de negociaciones, no logró convencer a su aliado. Y aunque el coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, defendió que la reforma no es un fracaso —al destacar cambios en tres artículos constitucionales y nueve transitorios—, lo cierto es que el PT mostró músculo político y capacidad de condicionamiento.

El mensaje es claro: la coalición se mantiene, pero no es incondicional.

El propio Alberto Anaya lo dijo desde tribuna: acompañan la reforma en lo general, pero se separan en lo que toca a la revocación de mandato. Aun así, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y confirmó que la alianza seguirá rumbo a 2027 y 2030.

En los hechos, Morena privilegió la unidad sobre una de sus apuestas políticas más simbólicas: la posibilidad de someter a la presidenta a revocación en medio del proceso electoral. Una decisión que, para la oposición, evitó un riesgo mayor: el uso de este mecanismo como herramienta de promoción política.

Y es que, desde el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, hubo coincidencia en algo: no rechazan la revocación, pero sí su utilización en tiempos electorales. Lo que estaba en juego no era el mecanismo, sino su momento.

Más allá de este episodio, la reforma sí incluye cambios relevantes: reducción de hasta 15% en el presupuesto del Senado, límites al gasto de congresos estatales, tope salarial para funcionarios electorales —que no podrán ganar más de 134 mil pesos mensuales— y la prohibición de prestaciones como seguros médicos privados o esquemas especiales de retiro. Además, se establece que los ayuntamientos no podrán tener más de 15 regidores, respetando la paridad de género.

Los ahorros, según el dictamen, se destinarán a infraestructura pública.

Pero el fondo político no está en esos ajustes técnicos, sino en lo ocurrido en lo particular: el oficialismo no es un bloque monolítico. Tiene tensiones, equilibrios y límites.

El “sí se pudo” que corearon los senadores oficialistas no fue por imponer una reforma completa, sino por lograr un acuerdo que evitara una fractura.

Hoy, el Plan B pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse antes de que termine abril para que pueda aplicarse en 2027.

Pero más allá del trámite legislativo, lo que queda es una lección política: en la Cuarta Transformación, incluso los aliados más cercanos pueden convertirse en contrapeso. Y eso, en cualquier democracia, también es una forma de equilibrio.

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.