La pregunta ya no es cómo describir lo que ocurre en Nicaragua sino qué hacer frente a un nuevo paso que consolida un régimen despiadado
La dictadura Ortega-Murillo había acabado en la práctica con las elecciones libres y competitivas hace ya una década en Nicaragua. Primero desmanteló de manera sistemática las garantías de competencia electoral en los comicios de 2016 y luego consumó esa deriva autoritaria con la farsa electoral de 2021.
La novedad es que ahora busca convertir esa situación de hecho en una realidad jurídica. Al anunciar que en Nicaragua no volverán a realizarse elecciones presidenciales competitivas, el régimen admite, aunque no lo reconozca expresamente, el fracaso de su proyecto político: después de años de represión, persecución, encarcelamientos, confiscaciones y destierros, no ha conseguido derrotar ni hacer desaparecer a la oposición democrática.
Frente a esta nueva provocación, la pregunta ya no es cómo describir lo que ocurre en Nicaragua —eso lo sabemos perfectamente bien: la consolidación de una dictadura asesina y corrupta que siente que goza de absoluta impunidad—, sino qué hacer frente a un nuevo paso que consolida un régimen despiadado que se asemeja cada vez más al modelo de Corea del Norte: un país convertido, en los hechos, en una “finca privada” de la familia Ortega-Murillo enclavada en el corazón de América Central.
Mi propuesta es que Estados Unidos, junto con Canadá y las democracias latinoamericanas y del Caribe, con el apoyo de las democracias europeas, impulsen una estrategia coordinada de máxima presión sobre el régimen.
Dicha estrategia debería establecer un plazo claro para exigir la reversión de las medidas que han liquidado la competencia electoral, el restablecimiento de las libertades fundamentales, el respeto a los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado policial.
Si ello no ocurre, deberían activarse medidas políticas, diplomáticas y financieras, tanto en los organismos regionales —OEA, SICA— como en las instituciones financieras multilaterales —incluidos el BCIE y el BID—, así como en los organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI y el Banco Mundial. También es momento de actuar en el marco de la alianza para el desarrollo en democracia que integran Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.
Nicaragua nos enfrenta hoy a una prueba severa de coherencia y determinación. Si la comunidad internacional permite que el régimen despótico de Ortega y Murillo consolide su dictadura sin consecuencias, el daño trascenderá con creces sus fronteras: sentará un precedente profundamente corrosivo para la democracia no solo en Centroamérica, sino en toda América Latina.
La persistente impunidad de la que ha gozado esta dictadura resulta ya insostenible. Es imperativo trazar, de una vez por todas, una línea roja clara y creíble. Lo que está en juego no es únicamente el futuro político de Nicaragua, sino la credibilidad misma del compromiso regional con los principios democráticos.
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