Distinto al explicable pero debatible endoso de la Guardia Nacional al Ejército, ampliar a 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública nada tiene que ver con el interés de proteger a la sociedad, sino con propósitos que mucho les convienen al gobierno del presidente López Obrador y al dirigente nacional del PRI.

Respectivamente: dinamitar la alianza opositora y evitar la cárcel. La maniobra es comprensible, mas exhibe que el cuatrismo recurre a lo que pregona combatir: hacerse de la vista gorda frente a un muy probable caso de corrupción de Alejandro Moreno, garantizando su impunidad por los delitos que le imputa la Fiscalía General de Campeche. Eso de la GN fue provisionalmente resuelto con remiendos inconstitucionales a leyes secundarias que algún día tumbará la Suprema Corte, bastando el voto de las mayorías simples en el Congreso.

Lo de aumentar el plazo del Ejército y la Marina Armada en temas de seguridad, en cambio, requiere de al menos dos terceras partes de votos en las cámaras de diputados y senadores, porque implica una reforma constitucional.

De ahí que, aunque Morena y sus contlapaches en San Lázaro aprobaron la rastrera iniciativa con que Alito busca el perdón, hoy esté atorada en el Senado porque la mayoría que coordina Ricardo Monreal necesita de cuando menos diez legisladores dispuestos a traicionar el acuerdo en contra que ha decidido el bloque de contención que conforman los senadores del PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural. Hasta el martes requería de once, pero ¡bomba!, el yucateco Raúl Paz desertó del PAN para sumarse a la fracción morenista a cambio de figurar en el directorio de este partido como “enlace con el sector empresarial” (hueso tan ridículo como imaginar que cualquiera de la nomenklatura de Morena platique siquiera con los machuchones del dinero).

No es novedoso que la 4T soborne a quienes timaron al electorado con ser “opositores”: cuatro entreguistas ex gobernadores fueron recompensados con embajadas en España, República Dominicana y Canadá, además del consulado en Barcelona.

A sus nuevos amos, el tránsfuga Paz no costará más que sepultar las denuncias de corrupción que pesan en su contra, para empezar del mismo PAN porque en 2016, cuando fue presidente estatal de ese partido en Yucatán, fue acusado por supuestos manejos turbios de 800 millones de pesos de lo presupuestado para 30 municipios de la entidad. En pleno lío senatorial por la primorosa iniciativa de Alito y sus secuaces, lo primero que hizo el repentino “morenista” fue algo idiota por intentar lo imposible: borrar del ciberespacio todo rastro de sus tuits de hace apenas dos semanas (8 de septiembre): Por el bien de México no a la militarización de la Guardia Nacional #MilitarizaciónNoEsLaSolución y Hoy es un día importante en el @senadomexicano. Estamos en sesión donde se discute la reforma sobre la Guardia Nacional.

Es de gran importancia escuchar todas las voces por el bien de México. #NoALaMilitarización… Cuánta desvergüenza.