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 El país atraviesa un momento decisivo: mientras se afinan los preparativos para recibir a millones de visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vuelven a colocar a la capital —y con ella, a todo México— en una dinámica de tensión constante. El paro de 72 horas iniciado el 18 de marzo, con bloqueos en arterias clave como Paseo de la Reforma, plantones en el Zócalo y afectaciones al transporte público, no solo interrumpe la rutina diaria: revela una forma de presión que, con el paso del tiempo, ha dejado de generar empatía social para convertirse en un factor de desgaste colectivo.

El derecho a la manifestación es incuestionable; es parte esencial de la vida democrática. Pero también lo es el derecho de millones de ciudadanos a transitar, trabajar, estudiar y vivir sin que su día a día quede paralizado. Ahí es donde la discusión deja de ser jurídica y se vuelve ética. ¿Es válido exigir derechos vulnerando los de otros? ¿Es sostenible una estrategia de presión que recae, principalmente, en quienes no tienen capacidad de decisión sobre las demandas planteadas? Cuando los bloqueos detienen la movilidad, afectan el comercio y alteran servicios públicos, el costo real lo absorbe la ciudadanía común, no las estructuras de poder a las que se pretende presionar.

En paralelo, México se encuentra ante una vitrina global sin precedentes. La organización del Mundial no es únicamente un evento deportivo; es una plataforma de proyección internacional que implica inversión, turismo, generación de empleos y reposicionamiento de la imagen del país. En un mundo hiperconectado, donde la percepción cuenta tanto como la realidad, escenas de caos, cierres viales y confrontación social se traducen en señales de incertidumbre. No se trata de maquillar la realidad ni de silenciar la protesta, sino de entender que cada acción pública comunica algo más allá de su intención inmediata.

Lo preocupante no es solo el impacto momentáneo de estos bloqueos, sino su normalización. La protesta disruptiva se ha convertido en un recurso recurrente, casi automático, sin que exista una reflexión profunda sobre su efectividad real. Defender la realización del Mundial es defender la posibilidad de que México avance, se proyecte y genere oportunidades para millones. La protesta debe reinventarse para ser firme sin ser destructiva, visible sin ser invasiva, contundente sin ser perjudicial para terceros. El país no puede darse el lujo de quedar atrapado entre la exigencia legítima y el bloqueo permanente. México necesita diálogo, sí, pero también necesita orden, visión y sentido de oportunidad.

PEGA Y CORRE: Del 20 al 22 de marzo, Cumbre Tajín vuelve a colocarse como un referente cultural en México, reuniendo tradición, identidad y espectáculos de gran nivel en un solo espacio. En esta edición, el cartel artístico destaca con la presencia de Yuridia, Lila Downs, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y La Original Banda El Limón, quienes aportan una mezcla de géneros que enriquecen la experiencia del público y consolidan al festival como un punto de encuentro cultural y turístico.

Sin embargo, el camino de Cumbre Tajín no ha sido lineal. Durante años, bajo el liderazgo de Salomón Bazbaz y con el respaldo del exgobernador Miguel Alemán Velasco, el festival alcanzó un nivel de organización y proyección ejemplar, consolidándose como un orgullo para Veracruz. Posteriormente, con la llegada del gobierno de Cuitláhuac García, el evento enfrentó cambios que impactaron su esencia y continuidad, generando una percepción de retroceso en su alcance.

Hoy, con el impulso de la gobernadora Rocío Nahle, Cumbre Tajín vive una etapa de recuperación que busca devolverle su grandeza y su papel como motor cultural y turístico. Más allá de los escenarios, el festival representa identidad, economía y proyección internacional, y su fortalecimiento es clave para que Veracruz retome el lugar que le corresponde en el panorama cultural del país.

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.