Cuando a inicios de este año la firma calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda mexicana, hubo todo un esfuerzo de comunicación del gobierno federal para explicar a la opinión pública la importancia de que la nota no se encontraba ya en el terreno de las “B” para entrar en el desconocido terreno de las “A”.

La fama que han tomado las calificaciones crediticias ha inflado a estas empresas que son vistas como una especie de dioses financieros que elevan el pulgar en señal de aprobación o bien son capaces de condenar a la hoguera a todo un país si degradan sus notas.

Nada más alejado de la realidad. La obligación de estas compañías es reflejar en una combinación alfanumérica las posibilidades que tiene una deuda de ser honrada, sea de una entidad pública o privada.

Evidentemente que una abstracción como esa calificación de Moody’s sirve para promover la imagen del gobierno y más cuando la calificación se parece al 10 de la escuela, o al sello de la abejita del kínder.

Sin embargo, tal parece que habrá de pasar algún tiempo antes de que otra de estas empresas se anime a mejorar su recomendación sobre la deuda nacional.

Como una nota crediticia se fija más en el desempeño fiscal que en la habilidad política para negociar con el Congreso, es entonces lógico que quieran ver los resultados de las reformas que recién se acaban de aprobar.

A una agencia calificadora no le molesta lo mucho que se recarga la llamada reforma fiscal en los contribuyentes cautivos, lo que puede preocuparle es que no eleva significativamente los niveles de recaudación en su comparación con el tamaño de la economía y que deja muchas avenidas de evasión abiertas a la economía informal.

Por lo tanto, las modificaciones fiscales no coquetean para nada con la posibilidad de una mejora en la calificación crediticia.

Pero la reforma energética sí. Sólo que para enamorar a los calificadores tiene primero que dar resultados concretos y suficientes, y eso no hay duda que tardará varios años.

Claro que lo ideal es que se mantenga una mejora en la perspectiva financiera que se refleje en más calificaciones dentro del mejor rango del grado de inversión. Pero también es un hecho que los grados pueden retroceder.

Un déficit fiscal prolongado y abultado, al tiempo que la deuda mantuviera su incremento de tamaño frente al Producto Interno Bruto, como hasta ahora, podría implicar una degradación.

La ecuación es sencilla: a menor calificación, mayor percepción de riesgo y, por lo tanto, mayor el premio que se exige por confiar las inversiones financieras.

Hasta ahora, con tanta liquidez en el mundo, las calificaciones crediticias han sido obviadas por los capitales en esa búsqueda frenética de mayores rendimientos. Pero ahora que estamos en la antesala del final del dinero barato empezarán a contar las calidades de las inversiones.

Así que además del evidente uso político de una “A”, la salud financiera reflejada por una mejor nota crediticia puede marcar la diferencia en los tiempos turbulentos que vienen.