Medios y públicos

Al borde del colapso, con un rezago en infraestructura que se ha vuelto crónico, los medios del Estado mexicano estaban capturados por una burocracia gastalona. Abundaban los aviadores.

Así lo constataron los nuevos encargados de Notimex. En la plantilla de reporteros había tres choferes, a las órdenes de representantes sindicales. Y la directiva, en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, debe entregar cada año medio millón de pesos al sindicato, bajo el concepto de “apoyos”. La transferencia bancaria —gestionada por Lydia Isabel Cruz Ramírez, coordinadora de Recursos Económicos— se concreta antes de que concluya el primer mes de cada año, de acuerdo con los recibos que fueron obtenidos recientemente, vía solicitud de información.

Las restricciones presupuestales han obligado a un drástico cambio en el paradigma, incluido un sórdido enfrentamiento entre la patronal y los trabajadores, que ha producido bajas en ambos partes. ¿La más reciente? La renuncia del director de Administración de la agencia noticiosa, Alejandro Ramírez, que decidió separarse del cargo, sin mayor margen de maniobra para sanear a la institución.

Los medios públicos están en transformación. “Heredamos un enorme deterioro”, definió ayer el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, “y por ello se requiere fortalecerlos y la decisión del gobierno federal es consolidarlos, profesionalizarlos y ampliar su influencia”.

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció a favor de preservar la libertad de expresión, la pluralidad democrática y una política de información y editorial apegada a la veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad en Notimex.

“Hoy más que nunca este país necesita saber que los medios públicos son de los mexicanos, no del gobierno”, definió la senadora panista Kenia López Rabadán, quien propuso el punto de acuerdo, “debe saberlo la población y también los titulares de todos los medios públicos de este país, porque si no queremos llegar al autoritarismo necesitamos información sólida, objetiva, inteligente y veraz”.

Los medios públicos no pueden ser ideologizados ni desmantelados, definió Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados panistas, “son órganos de Estado con mayúscula y tienen la triple misión de informar, educar y entretener”.

En el Imer, los despidos del personal contratado en el segundo trimestre del año y otros recortes obligados por las restricciones presupuestales obligarían a la directiva del Imer a suspender la producción de 2,900 horas de programación. Sin personal, pero con un prominente acervo de vocal y musical, optaría temporalmente por una mínima operación, con los sindicalizados.

¿Un cambio súbito en el programa de trabajo propuesto por Aleida Calleja? Hace un mes, la directora del instituto ya había advertido a los conductores de los programas —todos contratados por honorarios— sobre la preocupante situación presupuestal.

En la confección del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, la Cámara de Diputados determinó una reducción de 10.5 % para el Imer, por lo que contaría con 159.2 millones de pesos para afrontar el gasto corriente, particularmente el pago de servicios para la operación de las 18 emisoras del Imer.

Pero la oficialía mayor de la SEP, a cargo del ex diputado federal Héctor Martín Garza González, notificó —el pasado 8 de mayo— una “reserva de recursos” para efectos de control presupuestal, implementada por la Secretaría de Hacienda. El Imer no recibió en junio la ministración mensual de 11.42 millones de pesos con la que cubre el pago a proveedores y los servicios básicos, entre ellos combustibles y electricidad. Para sufragar los gastos en este último rubro tendrían apenas 16,000 pesos.

Y hay prioridades. Las políticas de austeridad republicana dictadas por el Ejecutivo federal, el pasado 3 de mayo, obligaban a rescindir los contratos de 185 personas —entre conductores de noticias, periodistas, guionistas, productores y programadores— que devengan su salario por honorarios y otros 40 empleados de confianza que laboran bajo el concepto de asimilados.

¿Escándalo controlado? A través de su administrativo, Aleida Calleja notificó a los responsables de los programas que sin presupuesto seguro para el tercer trimestre del 2019, saldrían del aire… hasta nuevo aviso. Al amago de renuncias y la cancelación anticipada de producciones, se sumó la advertencia de los integrantes del Consejo Consultivo del Imer, quienes advirtieron que la política de ahorros terminaría por obligar al cierre de las 18 emisoras, con cobertura de 30 millones de personas en el país. Y en ese escenario, el IFT podría revocar las concesiones.

Tras años de deterioro y con la infraestructura al borde del colapso, los directivos del Imer —el sistema de radio pública más grande de México— decidieron preservar las transmisiones. Acuerpada por los trabajadores y un amplio sector de la academia y la sociedad civil, la directora general del Imer, Aleida Calleja, solicitó una ampliación presupuestal de 27 millones de pesos para cerrar el año fiscal sin más aspavientos. “Es en la radio pública donde se debe promover el debate y el pluralismo”, insistió, “el Imer es gratuito y es de los contribuyentes, no del gobierno”.

¿Había necesidad de llegar a este extremo? “El problema del Imer se va a arreglar. Uno va a buscar la manera”, prometió AMLO ayer en la mañanera, tras de enterarse del asunto. “Vamos a corregir las injusticias, cuando se cometan, pero no vamos a dar ni un paso atrás”. Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, insistió en que la política de austeridad no tolerará excepcionalidades.

En Palacio Nacional, efectivamente, tienen otros datos. Allí está, por ejemplo, la ampliación presupuestal por 350 millones de pesos concedida a la cancillería, para embajadas y consulados. O la recontratación del personal de campo en la Financiera para el Desarrollo. Y es que no todo pueden hacerlo los siervos de la 4T…

Para los medios públicos, la austeridad ha sido sinónimo de parálisis, ¿y de sabotaje? Las más de 300 campañas de difusión de las distintas dependencias del gobierno —de acuerdo con el plan ideado por Ramírez y Jenaro Villamil— serían producidas por los medios electrónicos al servicio del Estado, bajo una tarifa “estándar”, de 1.3 millones de pesos.

Pero ni el canal 11 ni el canal 22 cuentan con la capacidad técnica y humana para atender a tan selectos clientes. Y el Sistema Público de Radiodifusión no logra deshacer estos entuertos.