La 4T huye para adelante en el Caso Iguala: ahora solicitará ayuda a la ONU. Sin embargo, la verdad se sabe desde el gobierno de Peña
La 4T huye para adelante en el Caso Iguala: ahora solicitará ayuda a la ONU. Sin embargo, la verdad se sabe desde el gobierno de Peña: los 43 estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados por el cártel Guerreros Unidos.
Naciones Unidas no llegará a otra conclusión. Por favor: el gobierno de Peña trajo en su momento a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco hallaron algo nuevo, y cobraron millones de dólares de nuestros impuestos.
La presidenta pidió a Segob “ver si es factible buscar expertos en la ONU para que madres y padres tengan certeza”. Pero eso provocará crear más falsas esperanzas en los familiares, y extender el negocio político que es el Caso Iguala.
¿Expertos? Recordemos la experiencia de aquellos que trajo el exsenador Emilio Álvarez Icaza, cuando dirigió la CIDH (2012-2016) y usó el Caso Iguala para posicionarse en la política nacional, y convertirse en senador en 2018.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Álvarez Icaza sólo vino a sacarle lana al gobierno de Peña: un millón de dólares semestrales. Cada miembro ganaba 48 mil dólares mensuales, viáticos, transporte terrestre y aéreo…
Los expertos fueron activísimos dentro del juego político que permitía la democracia mexicana, y fueron usados para socavar al gobierno de Peña. Pero llegó López Obrador y mandó parar: les hizo un pago de 600 mil dólares, y en 2022 prácticamente los echó.
El gran hallazgo del GIEI fue lo que se supo siempre: que los 43 jóvenes estaban muertos. En 2015 recomendó buscar a los estudiantes en hornos crematorios y fosas clandestinas. Y Después dijo que
“no había evidencias de que fueron incinerados”.
¿Quiénes fueron sus integrantes?
1.- El español Carlos Beristain. Fue acusado de exagerar un derrame crudo en Ecuador, y participar en una estafa de 10 millones de dólares ideada por el abogado Steven Donziger, según dictaminó el juez Lewis Kaplan, de la Corte de Distrito de Nueva York.
2.- La colombiana Ángela Buitrago. Como fiscal de su país, fue acusada de fabricar testimonios para inculpar por desaparición forzada a un coronel que fue absuelto, y acabó demandándola judicialmente por falsear declaraciones.
3.- La guatemalteca Claudia Paz y Paz. Como fiscal de su país, fue acusada por otra ex fiscal de presionarla para dar trato preferencial, y de revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros. La buscan por “abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones”.
4.- El chileno Francisco Cox. Mientras cobraba aquí 48 mil dólares mensuales, dobleteaba sin dedicarse de tiempo completo al Caso Iguala, viajando seguido a Uganda para investigar casos relacionados con la guerra étnica en África.
¿Y así quieren volver a traer expertos?
La verdad es que el Caso Iguala está cerrado.
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