Hay mucho en juego con la reforma eléctrica. La duda es cómo se resolverá ese nudo, pero también dónde se resolverá: en el Congreso, en la Corte, en los más altos niveles del T-MEC o en los laberintos burocráticos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es un mercado que al cierre de 2021 valía 410,000 millones de pesos anuales y crece a una tasa de 3% por año, siempre por encima del PIB. Estamos hablando de un insumo que es clave para la competitividad de México y amenaza con convertirse en la manzana de la discordia con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

En el campo de la narrativa y los símbolos, estamos frente a una pieza clave en el relato de López Obrador: en juego está el rescate de la CFE y la soberanía, dice el presidente. AMLO entiende de narrativa, pero desprecia los números. Quizá por eso no ha tomado en serio las voces que advierten que la propuesta de cambios en el sector eléctrico implica un riesgo de litigios internacionales que, en el peor escenario, podrían obligar al Gobierno mexicano a pagar indemnizaciones por 800,000 millones de pesos, ¿por qué tanto dinero? Un cambio radical de las reglas del juego equivale a una expropiación de las empresas que invirtieron en otras condiciones. Hay 20,000 millones de dólares invertidos por extranjeros en el sector eléctrico.

¿Habrá reforma eléctrica? El Congreso tomará una decisión entre el 11 y el 13 de abril, en esa extraña ventana de tres días que se abre entre el día después de la Consulta de Revocación y el Jueves de la Semana Santa. A Morena y sus aliados les faltan 55 votos en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría que requieren, tratándose de una reforma constitucional. La duda es si podrán convencer a legisladores de otros partidos, por ejemplo del PRI: ¿Qué harían para convencerlos?

La entrada en escena de la ministra Loretta Ortíz sirvió para entender que la Suprema Corte puede ser el espacio en el que se decida el futuro del sector eléctrico. Al margen de lo que voten los diputados o senadores, la Corte tiene en sus manos la validez de la Ley Eléctrica que se votó en 2021, pero que no ha entrado en vigor porque hay algunos amparos en contra de ella. En el Poder Judicial, los números son más favorables para los planes del presidente que en el Congreso. Solo necesita cuatro votos, de un total de 12. Podemos suponer que ya los tiene, aunque los expertos en Derecho advierten del riesgo reputacional para la Corte en caso de avalar una Ley, que dicen, está muy mal hecha. El lunes se tiene prevista la deliberación del máximo órgano del Poder Judicial. Dependiendo de lo que decida, podría volverse irrelevante lo que ocurra en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Mientras todo esto ocurre, la CRE lleva varios meses implementando la política energética de la 4T, con acciones y omisiones que tienden a favorecer a la CFE y complicar la operación de las empresas del sector privado. Lo que hace este órgano regulador en la práctica es más relevante que las discusiones en el Congreso y la Corte. La CRE decide, entre otras cosas, si una planta eléctrica puede operar y las condiciones en las que puede hacerlo.

Tenemos el Congreso, la Corte y la CRE, ¿colorín colorado? No tan de prisa. Hay otros actores fuera de México que tienen mucho que decir. Estados Unidos, por ejemplo. La reforma eléctrica no es tema de política exterior, dijo el canciller Marcelo Ebrard apenas el martes. Whishful thinking, le llaman en inglés a este tipo de razonamientos. Ilusiones, se dice en español. El gobierno de AMLO quisiera que Estados Unidos, Canadá y Europa no opinaran sobre un asunto que importa mucho a México y los mexicanos, pero también a nuestros socios comerciales. La reforma eléctrica “es un irritante en la región T-MEC”, dijo el embajador de Canadá en México, Graem C. Clark. Ese país tiene invertidos 4,000 millones de dólares en energías renovables en México y es un botón de muestra de la inconformidad y nerviosismo externa. La representante comercial estadounidense Katherine Tai dijo que México va en dirección opuesta a todas las promesas que hizo bajo el T-MEC, “estamos analizando todas las opciones disponibles dentro del T-MEC para abordar estos problemas”.

¿Qué quieren decir todas las opciones? El T-MEC prohíbe el trato preferencial a las empresas de Gobierno y exige no discriminación por nacionalidad a las inversiones. Tiene también compromisos en materia de política ambiental. El gobierno mexicano asegura que está cumpliendo con el acuerdo, pero en Estados Unidos y Canadá piensan de otro modo. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos? ¿Qué tanto quiere tensar la cuerda el presidente López Obrador?. Está el riesgo de los litigios, pero también las sanciones comerciales. El problema para México es que la única parte de la economía que está funcionando bien es la que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, exportación, inversiones y remesas. ¿Qué pasó con la visita de John Kerry? ¿Habrá cambios en la hoja de ruta de AMLO?