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Somos más y estamos envejeciendo. En el año 2000 sólo 7% de la población mexicana era mayor de 60 años. Eran aproximadamente 6 millones 914,000 personas. Para el año 2020, los mayores de 60 ya eran el 12% del total, alrededor de 15 millones 121,680 personas, según el censo del Inegi.

El envejecimiento de la población se nota en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En 2012, el gasto en pensiones fue 429,000 millones de pesos, 11% del presupuesto total. En 2021 fueron 1 billón 64,000 millones de pesos, 17% del total de gastos presupuestados por el gobierno. Para el 2022, la cifra propuesta es de 1 billón 178,000 millones. A esto habrá que sumarle el programa especial de pensiones para adultos mayores, que destinará 262,000 millones de pesos adicionales. En total, el gasto de pensiones se llevará más de 20% del presupuesto. ¿Por qué más de 20%? A los números arriba expresados, habrá que añadir el gasto en pensiones de instituciones como Pemex y CFE, entre otras.

Los expertos dicen que las pensiones son una bomba de tiempo. A esa imagen hay que darle perspectiva. En lo macroeconómico es una gran bomba que hace tic tac en el presupuesto. En lo micro, son cientos de miles de bombas que estallan cada año en los hogares. Personas que llegan a la edad de retiro y no cuentan con recursos suficientes para vivir con dignidad o afrontar sus gastos médicos ni sus necesidades básicas. En algunos casos, sus familias pueden apoyarlos, pero no siempre ocurre así. Por eso es bueno que haya un programa de pensión universal para los adultos mayores, aunque sean 3,100 pesos bimestrales.

Tres cosas son seguras: una, el número de personas mayores a 60 crecerá con fuerza en la próxima década; dos, deberemos dedicar más recursos a atenderlos y tres, no tenemos claro de dónde saldrán esos recursos. El número de “veteranos” crecerá con fuerza porque pertenecen a la generación que en Estados Unidos se llaman los baby boomers, nacidos en la década de los sesenta, cuando el número de hijos por familia estaba por encima de los cuatro o cinco.

El envejecimiento de la población es una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI, dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en 2015. No tenemos claro de dónde saldrán los recursos. Ese es un problema de México y del mundo, pero hay que tener claro que otros países tuvieron mucho más tiempo para llevar a cabo su transición demográfica, de sociedades mayoritariamente jóvenes a sociedades donde dominan los viejos. En Suecia, esa transición se llevó más de 80 años; en España, fueron 45 años y en América Latina, el proceso se llevará entre 20 y 25 años. Está ocurriendo ahora mismo.

Deberemos dedicar más recursos para atenderlos porque no podemos ignorar el tema. En otros países se habla del gray power, en referencia a su influencia creciente en las decisiones de política pública. Es el gasto en pensiones, pero también la inversión en infraestructura para ellos y ellas, desde hospitales hasta centros de recreación. Destinar más recursos a las personas de la tercera edad es una señal de civilidad. Signo de que se reconoce el problema y que se agradece la contribución que hacen las personas mayores a nuestra sociedad.

La transición demográfica traerá una transformación del paisaje urbano, porque el envejecimiento en el siglo XXI está llamado a ser un fenómeno predominantemente urbano. Tendrá implicaciones que se dejarán sentir en casi todos los sectores y actividades de la sociedad: mercados financieros y laborales; servicios de transporte y salud; vivienda, desarrollo y adopción de tecnologías más amigables.

En el futuro próximo, será normal que las personas alcancen los 90 años de edad y que estén en posibilidades de estar activos laboralmente mucho más allá de los 70 años. ¿A qué edad será pertinente retirarse? Propongan un número, estimados lectores. Sólo tengan en cuenta que no hay un sistema de pensiones que aguante, si la gente trabaja hasta los 65 y vive hasta los 90.