“Habrá muy buenas noticias en materia energética”, dijo Tatiana Clouthier el 29 de junio ¿A qué se refería la secretaria de Economía? Menos de una semana después del anuncio de inversiones potenciales por 40,000 millones de dólares, viene el cubetazo de agua fría: La novedad es que en Estados Unidos se les agotó la paciencia. Quieren que haya cambios de fondo en el sector energético. Espera/ exige que se reviertan algunas medidas puestas en marcha por la administración de López Obrador. Quiere que el sector energético esté abierto a las inversiones de Estados Unidos y que la cancha sea pareja, en vez de funcionar para que ganen la CFE y Pemex.

El anuncio de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, es una bomba que estalla en el centro del T-MEC y tiene implicaciones para el proyecto lopezobradorista, en lo energético pero también en lo político.

“Hemos tratado de trabajar constructivamente con el Gobierno mexicano para resolver nuestras preocupaciones, pero desafortunadamente las compañías de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto”, dice el comunicado de la United States Trade Representative. Después de 18 meses de reclamos más o menos prudentes, han decidido cambiar de estrategia. Usarán los mecanismos que tiene el T-MEC para forzar cambios en la política energética mexicana. Piden que se celebren consultas. En caso de que estas resulten infructuosas, es muy probable que haya un panel para resolver controversias. Hay miles de millones de dólares en juego.

¿De qué se queja Washington? Uno, las reformas del 2021 a la ley de la industria eléctrica, que da prioridad a la electricidad producida por la CFE frente a la de todos los productores privados. Dos, el papel que han jugado los órganos reguladores: inacción, retraso, rechazo y revocaciones de los permisos para operar de compañías privadas en el sector energético mexicano. Tres, una regulación de 2019, que le otorga a Pemex el permiso de seguir produciendo y vendiendo hasta el 2024 un diésel con alto contenido de azufre. Cuatro, la decisión de la Secretaría de Energía, en junio de 2022, de darle todas las ventajas a Pemex y CFE en el uso de la red de gasoductos.

De acuerdo con el comunicado de USTR, Estados Unidos considera que estas acciones son incompatibles con algunas obligaciones del T-MEC, establecidas en los capítulos que detallan el acceso a mercados; la protección de inversiones y lo relacionado con las empresas de propiedad estatal. Llama la atención que en el comunicado no mencionan el capítulo relacionado con medio ambiente.

La argumentación de Estados Unidos no es nueva y se topará con un hueso duro de roer. AMLO está convencido que el T-MEC no incluye obligaciones en el sector energético. En buena medida, esta convicción tiene que ver con sus sesgos cognitivos y fue reforzada por la información que recibió de su representante en las negociaciones del acuerdo, Jesús Seade. No coinciden con la opinión de otros expertos, incluyendo los líderes del equipo que encabezaba Idelfonso Guajardo. El T-MEC y el Acuerdo Transpacífico (TPP) sí contienen obligaciones en materia energética.

¿Cómo reaccionará el presidente mexicano? En principio, tiene dos opciones: hacer cambios de fondo o mantener la línea anunciada desde su campaña. En cualquiera de los dos escenarios hay costos fuertes a considerar. No atender los reclamos de Estados Unidos puede poner en riesgo el T-MEC e implica una factura multimillonaria a pagar. El optar por hacer cambios de fondo para atender las preocupaciones de Estados Unidos colocaría a AMLO en la obligación de aceptar la cancelación o mutilación de su proyecto energético. Estamos hablando de un tema económico, histórico y geopolítico, un asunto que es central en la narrativa lopezobradorista.

¿Hay soluciones intermedias? La cancillería, a cargo del bombero Marcelo Ebrard, lleva algunos meses negociando con empresas estadounidenses que tienen intereses en el sector energético mexicano. El plan es lograr acuerdos individuales con algunas empresas, en los que estas encuentren la manera de hacer negocios en los términos que la 4T dicte. En el 2019 esto se logró con algunas de las empresas que construyeron gasoductos para la CFE. La paraestatal recuperó el control, pero pagó hasta la risa de los privados. En el sector petrolero, el mejor ejemplo de estos acuerdos es Sempra (antes IENOVA), una empresa de California que en México dirige Tania Ortiz Mena. En el CEO Dialogue, celebrado la semana pasada, Sempra fue uno de los casos de éxito presentados por el gobierno mexicano.

¿Qué cambia con la decisión de USTR? Estados Unidos quiere que las negociaciones entre el Gobierno de México y las empresas de Estados Unidos tengan como referencia el T-MEC, en vez de las nuevas reglas desarrolladas por la 4T. Ellos piensan en oportunidades billonarias en el sector energético y creen que es posible encontrar una solución gana-gana con mayor inversión estadounidense y un impulso decidido a las energías limpias en la región de Norteamérica. “Nuestro objetivo es que México reabra el sector energético”, dijo un funcionario de USTR en una conferencia telefónica con periodistas en la que participé, ayer por la tarde. Es decir, para ellos, aplicar aranceles no sería la mejor solución.

Habrá que estar atentos a lo que ocurra en las consultas y en el panel de solución de controversias. En ese espacio binacional quedará claro qué grupo y qué visión se impuso en cada país. Al gobierno de Biden parece que se le acabó la paciencia. Quizá aparezcan algunos halcones energéticos sobrevolando por México. El gobierno de AMLO está frente a un dilema. Los que conocen al presidente aseguran que éste no rectifica ni corrige, ¿será esta la primera vez?