La búsqueda de la equidad ha sido uno de los leit motivs de la democracia mexicana. También una de sus ingenuidades. Para garantizar un piso parejo a todos los competidores, la legislación electoral fue creando una montaña de pequeñas y grandes restricciones a la acción de los partidos y los candidatos. A fuerza de igualar … Continued
La búsqueda de la equidad ha sido uno de los leit motivs de la democracia mexicana. También una de sus ingenuidades.
Para garantizar un piso parejo a todos los competidores, la legislación electoral fue creando una montaña de pequeñas y grandes restricciones a la acción de los partidos y los candidatos.
A fuerza de igualar y reglamentar de más, les ganó la atención por los detalles y dejaron fuera de las reglas partes claves del proceso real.
Por ejemplo, en materia de financiamiento de las campañas. Pese las estrictas cláusulas de la ley sobre cuánto, cuándo y cómo gastar, se propagó un mercado negro de dinero ilegal para hacer prácticamente todas las cosas que están prohibidas, empezando por la contratación bajo cuerda de medios y la compra bajo cuerda de votos.
La última fuga de grandes vicios por entre las redes de minuciosas restricciones es la que aqueja hoy a las normas de cómo, cuánto y cuándo pueden anunciarse los políticos y los partidos: solo en tiempos de campaña y solo mediante los spots que le asigna la autoridad.
Las torpes minucias reglamentarias dejaron filtrarse entre sus mallas al menos dos groseras excepciones a la equidad.
Me refiero a la forma en que Manuel López Obrador, presidente de Morena, y Ricardo Anaya, presidente del PAN, usan los spots de su partido para alimentar sus respectivas candidaturas presidenciales.
Entre el mes de junio de 2015 y el de marzo de 2016, ambos presidentes de partido dispusieron de más de medio millón de spots: López Obrador 273 mil, Anaya 261 mil (El Financiero, 9 marzo 2016).
Luego de tanto pautar la publicidad de candidatos y partidos, el panorama institucional nos ofrece hoy el irónico resultado de dos candidatos que gozan de ventajas del todo superiores al resto de los contendientes.
Hoy por hoy tienen a su disposición, con el amparo de la ley, lo que en otros tiempos solo podían tener los candidatos del PRI: el práctico monopolio de la publicidad permitida para candidatos a la Presidencia.
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