Los buenos deseos de los empresarios

Puede ser esa vocación de insistir en sus demandas sin cansarse, o bien las organizaciones del sector privado realmente creen que van a encontrar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una respuesta positiva a sus demandas históricas.

No hay otra forma de entender por qué organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insisten tanto en sus planteamientos, que se ven tan cuesta arriba con un gobierno del corte que plantea la siguiente administración.

Desempolvado del armario de sus mejores deseos, el CCE dio a conocer al gobierno entrante un decálogo que considera necesario para fortalecer el empleo.

Viejas ideas propias de una economía de mercado donde se respete el estado de Derecho, pero que han sido pendientes durante muchos años en México. Desde cumplir la ley, pasando por fomentar la competencia y la apertura comercial, hasta la eternamente anhelada reforma fiscal.

La ecuación de fomento a la inversión privada corre en sentido contrario de los planes de una economía asistencialista donde el gasto público será la estrella sexenal.

La reforma fiscal que pretende este consejo que aglutina a cámaras y confederaciones empresariales pasa por una reducción de la carga fiscal a las empresas que seguramente quisieran ver compensada con un incremento en los impuestos al consumo.

Los ingresos fiscales en este país son bajos como para tolerar una disminución en la recaudación por los impuestos directos sin tener una compensación por otro tipo de gravámenes.

Sin embargo, impuestos como el IVA son todo, menos populares para un gobierno que si algo parece buscar es el confort de sus votantes.

Mientras que la Coparmex pretende, entre muchas otras cosas plasmadas en sus cartas de buenos deseos, la creación de un Consejo Fiscal Independiente (CFI).

Esta figura sería la estrellita en la frente para un gobierno que busque hacer de la disciplina financiera la guía de su gobierno, pero sería un balazo en el pie para quien tiene entre sus planes la multiplicación de los planes de asistencia social.

Y es que el propio presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lo plantea quizá como una forma sarcástica de dirigirse al siguiente gobierno: “Ante la inminente puesta en marcha de muchos programas sociales y proyectos de gobierno, que serán altamente demandantes de los recursos públicos, el CFI puede ser la instancia que los valore y acredite en su sustentabilidad de mediano y largo plazo”.

¿Ven realmente al poderoso López Obrador nombrando un órgano autónomo que lo limite en sus planes de gasto a manos llenas del presupuesto público?

Quizá deberían tomar como ejemplo la designación del impresentable Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad para que entiendan cómo quieren hacer las cosas el siguiente sexenio.

Es perfectamente entendible que los organismos del sector privado hagan su carta a los Santos Reyes, pero quizá deberían buscar una negociación en aquellos puntos donde detectan riesgos serios para la actividad empresarial durante el próximo gobierno, antes que pensar que estamos en la antesala del mejor y más prudente manejo financiero en la historia del país.