Un buen sector de la opinión pública se refiere a los partidos políticos en forma negativa. La crítica también se centra en el régimen de partidos. Por esta consideración, los estudios de opinión muestran que las organizaciones políticas siempre han estado en el piso de la confianza ciudadana. La cuestión es que no hay democracia posible, al menos todavía no se conoce, que exista sin partidos. Libertad de prensa y partidos abrevan de la misma fuente: la democracia.

Las reglas sobre los partidos no son virtuosas. Desde 2007 se oficializó que su democratización para seleccionar candidatos no es obligatoria, sino decisión discrecional de sus dirigencias, a pesar de que ostentan el monopolio de la representación política y de su carácter de entidades de interés público, subvencionadas con recursos públicos. Las encuestas como proceso interno para elegir dirigentes o candidatos, son un ardid para no democratizarse.

La falla mayor es que confunde tres derechos a diferenciar: la libertad de asociación con la figura de partido; el derecho de competir en elecciones y el acceso a las prerrogativas. El derecho humano de asociación debe ser absoluto, y más para conformar partidos, que son plataformas de lucha por un objetivo compartido entre sus miembros. Competir en elecciones debiera tener la mayor apertura posible en la medida en que no complique el proceso electoral; algo se ha avanzado con las candidaturas independientes, pero el que solo cada seis años se abra la puerta para el registro de nuevos partidos es restrictivo en extremo. Lo único razonable en nuestra legislación, es que se requiera un umbral de votos para acceder a las prerrogativas, pero falta aplicar principios de mayor equidad al existente, que favorece a los grandes partidos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido una resolución histórica que avala la decisión del INE de pérdida de registro de tres partidos que no alcanzaron 3% de los votos en junio pasado. Es la regla que existe y es inaceptable relativizar los términos de la Constitución, como se pretendía. La buena noticia es que el TEPJF entiende que el fortalecimiento de la democracia transita, necesariamente, por el rescate de la confianza en sus instituciones. ​

Liébano Sáenz

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