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Lazan SOS para mantener inversión en minera

Julio-Pilotzi

Julio PilotziSplit Financiero

México no se puede dar el lujo de mandar una señal de falta de certeza jurídica al mercado internacional

La situación de las firmas mineras en nuestro país vive momentos de incertidumbre, no solo porque el gobierno federal ha subrayado que no otorgará ninguna concesión nueva, sino porque por momentos la falta de certeza jurídica pone en riesgo inversiones millonarias que ayudan a generar el tan mencionado bienestar en la población.  Hoy hablaremos de lo que pasa en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, que gobierna Alejandro Tello Cisterna, en donde una decisión jurídica podría acabar con la fuente de empleo de más de 60 familias que dependen directamente de la operación de la mina concesionada a San Pedro Resources S.A. de C.V.

En 2006, esta firma celebró un contrato con el dueño de una concesión minera en este municipio, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares mensualmente o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, que adicionalmente tiene una opción de compra definitiva de la concesión por la propia San Pedro Resources por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos. Por temas de adversidades climatológicas, la mina nunca llegó a producir ni a extraer mineral alguno y, por ende, San Pedro ha intentado, sin éxito, hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada, sin embargo, lo que recibió a cambio fue una demanda en su contra.

Y la inaudito del caso es que, poco más de 23 millones de dólares fue la multa que determinaron las autoridades judiciales por supuestos daños y perjuicios, lo cual resulta increíble si tomamos en cuenta que no está establecido obligación alguna a cargo de San Pedro para producir y comercializar los minerales en el contrato.  Además, no hay precedente en México de que una multa sea mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina; además, que la compensación es varias veces mayor que cualquier ingreso que la regalía hubiera podido o pudiera producir.

De no revertir esta situación, San Pedro Resources y todos sus colaboradores y contratistas deberán empacar maletas y retirar del país su millonaria inversión. Sin duda, una llamada de atención al poder judicial y jueces que han intervenido en este proceso, pues México no se puede dar el lujo de mandar una señal de falta de certeza jurídica al mercado internacional.

 

Averiguaciones en Mexicali

La mafia del poder tendría contactos arraigados aún con la llegada de administraciones morenistas a diversas latitudes del país, tal es el caso de Mexicali, en donde Jet Van Car Rental se llevó un contrato por 13 millones 904 mil 522 pesos para arrendar 60 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública de la urbe, a pesar de que era la propuesta más cara. Resulta que la empresa de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López fue declarada ganadora sin importar que su cotización rebasaba por más de 4.5 millones de pesos la de Lumo Financiera del Centro, empresa que interpuso una inconformidad sobre la resolución, ya que Jet Van no acudió al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por lo que habría incumplido las bases de la licitación 01-LA-802002998-E2-2020. Ante ello, se comenta que el gobierno de Marina del Pilar Ávila comenzaría las averiguaciones, sobre todo al recordar que esta última se ha llevado cientos de contratos, desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto hasta abril de este año, por más de 12 mil millones de pesos.

SCT a revisión

Haría falta que Andrés Manuel López Obrador pida una revisión de las contrataciones realizadas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), pues parece ser que a espaldas del nuevo titular, Jorge Arganis Díaz, se beneficiará a Grupo Constructor Transportieren S.A. de C.V., empresa que sería impulsada por Humberto Ibarrola Díaz, quien previamente era Director de Negocios en Aldesa, encargada del tramo del Pasó Exprés en Cuernavaca, donde un socavón provocó la muerte de dos personas.

No obstante, obtendría a su favor el fallo de la licitación LO-009000961-E13-2020 para encargarse de los “Trabajos faltantes de Construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la carretera Pera-Cuautla tramo”, que se programó para hoy (martes 18 de agosto), gracias a las supuestas gestiones del presidente de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, quien sería conocido por presumir las amistades generadas durante su trayectoria para colocar a diversas compañías como proveedoras gubernamentales.

Cierre de paso

En la 4T no quieren tener nada que ver con empresas cuyo historial se ha visto plagado de irregularidades, motivo por el que se comenta que cerrarían las puertas a Armour Secure Insurance, compañía de seguros de propiedad inmobiliaria que fue multada sin falta desde 2014 y hasta 2018 por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ahora preside Ricardo Ochoa, por un total de un millón 188 mil pesos, a los que se suman otros 672 mil 593 pesos de 2008 a 2014, periodo en que la firma era conocida como Fidelity National Title de México. Entre sus principales conductas se encontraron faltantes en la cobertura de inversión de reservas técnicas, incorrecta integración de expedientes y omisiones de información actuarial, por mencionar algunas. Ante este panorama, todo parece indicar que a Pablo Martí le costará mucho trabajo concretar nuevos negocios desde su posición como director de ventas en Armour.

Defienden contrato 

Braskem-Idesa se defiende ante el señalamiento de leonino. Afirma que su contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), para suministrar gas etano durante 20 años fue producto de una subasta pública, con participación de más de 30 compañías nacionales e internacionales, donde la Auditoría Superior de la Federación no encontró absolutamente ninguna irregularidad.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere cancelar ese acuerdo ante supuestas condiciones desfavorables para la compañía estatal. El punto medular es que si cualquiera de las partes deja de cumplir con su parte del acuerdo en la proporción acordada, debería pagar sumas o penalidades a la otra. Así las cosas.

 

Voz en Off

El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. que todos conocemos cómo la AMIA, ha decidido depositar su confianza en José Guillermo Zozaya Délano, quien ahora se encargará llevar las riendas de este gremio en un momento muy complicado para la industria. El objetivo seguir impulsando el desarrollo y bienestar de las familias mexicanas…

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@juliopilotzi

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