El verdadero demonio de la siguiente Legislatura estará en las propuestas que intente la administración de López Obrador a través de las leyes secundarias, esas que no necesitan de una mayoría calificada para salir adelante
Los grupos parlamentarios de los partidos políticos opositores al bloque que obedece a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no deberían renunciar a presentar agendas legislativas serias, ambiciosas y que reflejen dos cosas: que existe una alianza entre partidos, pero que cada uno de ellos no pierde su esencia e ideología.
Está claro que las mayorías afines a la 4T serán un dique, seguramente intransigente, ante cualquier propuesta opositora, propuestas que seguramente serán provocadoras. Queda claro que lo que está a prueba es la resistencia del bloque ante las presiones gubernamentales.
El verdadero demonio de la siguiente Legislatura estará en las propuestas que intente la administración de López Obrador a través de las leyes secundarias, esas que no necesitan de una mayoría calificada para salir adelante.
La mejor evidencia de esa ruta a veces tramposa, de conseguir las cosas es aquel artículo transitorio de una ley secundaria que está a punto de violar la Constitución para favorecer al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
López Obrador quiere tres cambios constitucionales que la oposición y hasta los juzgados ya rechazaron. El montaje viene acompañado de declaraciones conciliadoras de los morenistas en el senado que quieren buscar consensos en modificaciones constitucionales irreconciliables.
No hay manera lógica que los partidos opositores acepten atentar contra las instituciones y los equilibrios democráticos, que den más poderes a la ineficiente Comisión Federal de Electricidad afectando a los consumidores y que acepten llevar a la Constitución la militarización emprendida por el presidente López Obrador.
De lo que tienen que cuidarse partidos políticos, empresarios y todos los ciudadanos, es de esas leyes que no requieren de nadie más allá de los condicionales.
El cambio legislativo que sí merece atención es eso que llaman reforma fiscal. Hay organismos empresariales que hasta se han entusiasmado con el tema, como si no supieran la forma de proceder de la 4T.
El mejor indicio de que la propuesta, que llegará acompañando al paquete económico del 2022, será un cambio ya decidido por el Presidente es que se adelantó su objetivo fiscalizador sin siquiera esperar a que asumiera el cargo el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, como para saber qué opinaba sobre esa pretendida miscelánea fiscal.
Si este paquete de modificaciones en materia tributaria llega a la par de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del 2022 está pensado para que se apruebe rápido entre el 8 de septiembre, fecha legal de presentación al Congreso de esas iniciativas, y el 20 de octubre que es la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el paquete de ingresos antes de enviarlo al Senado.
Si tales propuestas en materia fiscal llegaran a contemplar algún cambio constitucional, entonces tendrían que negociar con el bloque opositor.
Pero está claro que ese famoso paquete de tres cambios constitucionales está diseñado para ahondar en la confrontación, no para buscar una negociación. Es como la insistencia de denostar a las clases medias, es la forma de mantener viva la llama de la división social que tanto le reditúa electoralmente a la 4T. Pero la miscelánea fiscal va porque va.
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