Durante una clase, en un Diplomado sobre Comunicación, uno de los alumnos participantes se mostró sorprendido cuando aseguré que en situaciones de crisis era necesario tener en cuenta e incidir de manera clara y contundente en las expectativas.

-¿Pero cómo, si en Gobierno siempre nos han dicho que nunca hay que generar expectativas?, comentó el joven que –en aquel momento- trabajaba en una oficina de comunicación social gubernamental.

Expliqué en esa clase que se quiera o no, las expectativas están ahí siempre en cualquier acontecimiento, sobre todo en casos críticos. Es un principio aristotélico relacionado con las percepciones. De no atenderse adecuadamente esas expectativas desatan la causalidad: el quién fue y el por qué, además de que sólo pueden llegar a exacerbar la crisis o mantener la desconfianza.

El tema viene a colación porque si bien las 10 medidas para combatir la corrupción, impulsar la legalidad, promover la justicia cotidiana, fortalecer las policías y transparentar el gasto gubernamental, entre otras señaladas por el Presidente Peña Nieto, pueden contribuir a sentar nuevas bases a futuro, quedaron en su mayoría puestas a la voluntad y negociación al interior del Poder Legislativo, y a una interpretación en su aplicación final cuando sean ley. Esto a pesar de que varias de las medidas implican “dar dientes” al Gobierno Federal para poder intervenir con base en la legalidad, como es el caso de los ayuntamientos y la integración de policías únicas.  

Las medidas quedaron distantes de la expectativa que se había creado. Y es que en un par de ocasiones, días antes de la cita en Palacio Nacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había expuesto que se darían a conocer importantes medidas de fondo; más aún, llegó a mencionar de una decena de órdenes de aprehensión adicionales.

Se abrió espacio a la especulación, a la generación de una expectativa en que si bien no se esperaban anuncios efectistas, sí al menos acciones inmediatas que incidieran en la demanda de justicia en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa.

Se llegó a pensar que en verdad se ejecutarían aprehensiones, en el “hasta donde tope” ofrecido por el Presidente Peña. En su programa televisivo Punto de Partida, Denise Maerker, dio a conocer que meses antes del lamentable suceso en Iguala, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero había informado al director de delitos en materia de secuestros de la Procuraduría General de la República el historial del alcalde José Luis Abarca, incluyendo las acusaciones de haber dado muerte de propia mano al activista Arturo Hernández Cardona, pero que nunca se hizo algo.

Incluso se pensó que la mano de la justicia llegaría hasta el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre, cuando tres de sus escoltas fueron detenidos en el sur de la ciudad de México por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Pero nada. Sólo especulaciones. Expectativas que no fueron.

El propio Presidente sostuvo días antes que haría un anuncio importante, que atendería de fondo la problemática que desnudó la debilidad institucional del Estado Mexicano para atacar de frente a la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y el cumplimiento de la legalidad.

Se había creado un ambiente de alta expectativa.

Al dar a conocer el Decálogo y las acciones para combatir los rezagos estructurales de desarrollo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas –los sempiternos estados pobres del país- la sensación generada en diversos sectores es que había insuficiencia y que, al final, se trataba de iniciativas ni siquiera propias del PRI sino que habían sido dejadas en el tintero de la negociación político-partidaria e incluso detenidas por los priístas.

Fue necesario que al día siguiente de dar a conocer las medidas, el Presidente tuviera que salir a defender el plan y reconocer que si bien algunas de las medidas que anunció ya se habían postulado en el pasado, lo cierto es que no se concretaron por diversas razones y algunas incluso se quedaron en el debate. Se comprometió a que ahora sí se materializarían.

La mayoría de las acciones dadas a conocer tendrán que pasar por el Legislativo y, entonces, a la voluntad negociadora de los partidos en tiempos previos a las elecciones del 2015 en 17 estados de la República, que implican 9 gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. Más el proceso electoral para renovar las Cámaras de Diputados federal y una proporción de la de Senadores.

El coordinador de la bancada priísta Manlio Fabio Beltrones llamó al PAN y al PRD para aprobar las iniciativas al decirles que no pueden ser omisos ante el decálogo de acciones contra la inseguridad que presentó el Presidente Peña Nieto; “nadie puede alejarse y estar ausente de cómo resolver los problemas del país”, dijo.

Pero esos partidos no están en el mejor momento por sus disputas internas. 

Gustavo Madero, ex dirigente del PAN, dijo que las medidas del Gobierno Federal son insuficientes y el líder de ese partido, Guillermo Anaya, dijo que el PAN “no será mezquino ni revanchista” para aprobar las iniciativas aunque mantiene una posición crítica y un afán por hacer notar como suyas iniciativas tales como la necesaria creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

De otro lado, el PRD enfrenta sus reacomodos y distancia entre las tribus aunque los líderes camerales mantienen una posición proclive a la aprobación de las iniciativas.

La operación política se dará entonces en el Legislativo, no desde el Ejecutivo.

Una crítica fuerte vino desde el exterior: The Economist señaló que el Presidente de México puede haber perdido la oportunidad de cambiar la marea en contra de la opinión pública al rehuir de la autocrítica y la responsabilidad del Gobierno Federal en la crisis desatada por la desaparición de los 43 estudiantes. Además recogió la opinión de varios sectores sobre las “dudas generalizadas” que hay sobre la eficacia del Decálogo y, en particular, de que no hubo respuesta directa al escándalo provocado por la residencia adquirida por su esposa, Angélica Rivera, que pareciera ser un expediente cerrado con las explicaciones públicas de la declaración patrimonial íntegra y del procedimiento de compra del inmueble. 

Las expectativas, nuevamente las poderosas expectativas, pesaron y seguirán pesando dentro y fuera del país a menos de que se haga frente a ellas de manera clara.

Un nuevo elemento se ha abierto y una terca realidad persiste.

El nuevo elemento es que los 11 jóvenes detenidos en el Zócalo fueron liberados por un juez debido a la falta de evidencia sobre si formaron parte de los grupos que cometieron actos vandálicos frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional, y por otro lado que la detención del estudiante de la UNAM, Sandino Bucio, fue irregular y por ende ilegal.

Esto implica haber dejado amarradas –o por lo menos restringidas y vigiladas- las manos policiacas en su intervención para la disuasión de la violencia en las marchas y manifestaciones. Hoy habrá una prueba de fuego en este sentido cuando –a dos años del inicio de la gestión de Peña Nieto- diversos contingentes traten de llegar a la Residencia Oficial de Los Pinos.

Y la terca realidad son los muertos en Guerrero. El mismo jueves de la cita en Palacio Nacional aparecieron 11 cadáveres calcinados y decapitados; al día siguiente otros 5. El reacomodo de fuerzas y el ajuste de cuentas en la delincuencia organizada.

   

Postscriptum.- Una de las percepciones acerca del Décalogo Peña y las Acciones para Erradicar la Pobreza en Oaxaca, Chiapas y Guerrero es que fueron dirigidas para entendedores. Uno de los primeros en salir a explicar la relevancia de las acciones en su repercusión de desarrollo regional fue el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y luego Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social. Pero en esa comunicación, todos y cada uno de los miembros del Gabinete tendrán que salir a explicar la relevancia de las medidas de una manera llana y clara.