No debería el Presidente de la República tomar partido en plenas campañas electorales desde un foro reservado para asuntos de la nación
El presidente Andrés Manuel López Obrador puede tener expresiones electorales y partidistas, como las de ayer 25 de marzo y de tantos otros días, porque, contrario a lo que marcan las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lo permite.
Existe un plan, imagina el Presidente, para que nuestro movimiento no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Sugirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) formaría parte de un complot para impedirlo, por su decisión de refrendar un acuerdo que cumpla con la Constitución y no haya sobrerrepresentación de ningún partido. Y de paso, López Obrador adelantó el que será el resultado final de este asunto: “el tribunal electoral debe resolver sobre este tema”.
No debería el Presidente de la República tomar partido en plenas campañas electorales desde un foro reservado para asuntos de la nación. No debió el tribunal electoral haberlo permitido. No debería estar a debate el cumplimiento de la Constitución. No debería el árbitro electoral sentirse amenazado por todo este poder de la 4T. Pero todo esto sucede.
El INE está bajo fuego con disparos no sólo desde lo alto del poder, sino en sincronía con francotiradores desde muchas trincheras afines y cooptadas. El peligro de esto va más allá del resultado de las elecciones del próximo 6 de junio.
Si el partido en el poder obtiene una mayoría lograda a través de violar la Constitución, si logran deshacerse de la resolución del INE, habrá un necesario cambio en la percepción de la manera en que se conduce el país, tanto en México como en el extranjero.
Pero más allá de la coyuntura electoral, el ataque a las instituciones autónomas acaba por minar más la confianza que le queda a esta economía.
México ya pasó del lugar 9, en el 2015, entre las 25 economías más confiables para la inversión extranjera directa en el índice de AT Kearney, a simplemente desaparecer del listado durante los dos años completos que lleva la 4T.
Entre todos los organismos autónomos de los que goza México, pueden ser dos los pilares fundamentales al momento de mandar señales de confianza: el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral.
Hoy el INE está bajo asedio y con todos los planes de minar esa autonomía que justo en tiempos electorales resulta más incómodo para un régimen que no comparte del todo los valores democráticos.
El Banco de México está en un momento monetario que resulta cómodo para los planes financieros del gobierno. Porque, a pesar de que ayer decidió no bajar más su tasa de interés de referencia y la dejó 4%, la realidad es que ha relajado su política monetaria de forma acelerada desde el 2019.
Pero el INE está en lo suyo, en respuesta al cuidado de esa tan anhelada democracia que hemos conseguido en México. Un intento de descarrilar al autónomo árbitro electoral así sea fallido, puede tener consecuencias funestas para México en el terreno económico.
Además de una reacción internacional, por el atentado a la democracia, sería razón suficiente para una degradación crediticia inmediata y una salida masiva de capitales. No por ser una instancia dedicada a los temas electorales, no tendría ese terrible impacto en la economía y las finanzas del país.
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