Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder:

 Luis Donaldo Colosio

Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, la descomposición en materia de seguridad que se acumulaba desde la era priista, terminó por salirse de control. No es un secreto que, el creciente fenómeno de inseguridad que se vive en diferentes latitudes, es el resultado de una serie de eventos en los que resalta la colusión, y la connivencia que, sostienen grupos del crimen organizado con autoridades federales, estatales y municipales.

En búsqueda de legitimidad, y a petición del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, Felipe Calderón lanzó el 10 de diciembre del 2006, la llamada guerra contra las drogas en la zona de la tierra caliente, azotada en ese entonces por la Familia Michoacana.

Dieciséis años después, la guerra de baja intensidad se ha extendido a otras entidades, donde el crimen organizado ha sentado sus reales, y supera en capacidad de organización y de fuego a las fuerzas del orden.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal muestran que, en la actualidad seis entidades de la República concentran la mitad de las acciones criminales traducidas en homicidios dolosos que, son en estricto sentido, responsabilidad de los gobiernos locales tanto estatales como municipales.

El problema es que la colusión entre grupos del crimen organizado y autoridades ha volteado la rueda: los grupos de la delincuencia organizada tienen el control de las zonas donde operan. Las autoridades acatan las órdenes de los criminales, no al contrario.

Tiene razón el presidente cuando asegura que, el problema de inseguridad heredado, no se va a resolver de un día para otro, y mucho menos cuando gobernadores y presidentes municipales están al servicio de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el reporte de incidencia colectiva, en febrero del 2018, el promedio diario de homicidios era de 87, hoy en día es de 81. Es un cambio a la baja, sin embargo, insustancial, porque resulta imperceptible para la población. 

El punto es que, la mitad de los crímenes se concentran en seis entidades. La lista es encabezada 16 años después de iniciada la guerra contra las drogas por Michoacán. En ese lapso, la entidad ha sido gobernada por el Pri y el Prd. Sin embargo, entre 2012 y 2018, se gestó la inestabilidad que se vive en tierras purépechas cuando desfilaron tres gobernadores, dos de ellos señalados por sus nexos con el crimen organizado. La administración de Fausto Vallejo estuvo marcada por corrupción y nexos con Los Caballeros Templarios. En 2013, el priista pidió licencia para ser operado de un trasplante de hígado. En su lugar quedó Jesús Reyna, exsecretario de Gobierno, quien un año después fue acusado de tener contactos con La Tuta, líder de la Familia Michoacana.

En segundo sitio se ubica Guanajuato, entidad gobernada por el panismo desde 1991. En Guanajuato como en Michoacán, a lo lejos se observa que, quien gobierna es el crimen organizado. Tan sólo en el bimestre enero-febrero de este año, en Michoacán ocurrieron 484 homicidios, ocho más que en Guanajuato.

En la lista también está también Baja California que, tiene una larga historia de alternancia sin que partido alguno haya podido estabilizar las cifras de criminalidad. Le sigue el Estado de México, donde hay municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, y Naucalpan, donde la inseguridad arrasa con los ciudadanos, sin que autoridades estatales y municipales reaccionen, la fórmula es la misma: Ahí gobierna la delincuencia organizada y no las autoridades. 

En Jalisco donde gobierna el pre candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, la historia parece repetirse. En Jalisco pueden asesinar a ciudadanos y a exgobernadores sin que haya responsables. El gobernador Alfaro es muy claridoso cuando asegura que “ha resuelto el caso de Aristóteles Sandoval, pero solo falta detener a los responsables”.

Entre los ayuntamientos con alzas destacan: Ciudad Juárez, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Uruapan, Michoacán; Chihuahua, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Puebla, San Luis Potosí y Cancún.

La piedra en el zapato del presidente y gobernadores está en la inseguridad que, se vive en esas regiones e impacta en el índice de la percepción ciudadana. Si no hay seguridad, no tenemos nada. Entonces, no hay diferencia.

De la libreta

  • Ricardo Monreal acusa sin mencionar al presidente López Obrador, de la situación que se vive en el país por haber desatado la “sucesión anticipada” y, de forma directa, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de encabezar la asonada en su contra.
  • Quienes hoy critican la construcción de la refinería de Dos Bocas, hace 14 años aplaudían a Felipe Calderón, quien anunció durante la celebración del 70 aniversario de la expropiación petrolera que iba a construir una refinería en Tula, Hidalgo. Hoy en día, en Tula, lo único que existe es un enorme terreno ocioso, resguardado por una barda que tuvo un costo de 500 millones de pesos, literalmente tirados a la basura.
  • Apadrinado por Alejandro Moreno, presidente del PRI, reapareció el grupo denominado “Las Viudas de Colosio”. El reencuentro se da en la coyuntura donde se observa que, el 2024 podría ser el año de la resurrección del Colosismo. El problema es que, quien encarna el renacimiento es la figura del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, quien milita en Movimiento Ciudadano.

Héctor Herrera Argüelles

Twitter: @HectorHerreraAR