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Para cumplir con el sueño americano, los migrantes hondureños en tránsito por México tradicionalmente cruzaban Tamaulipas y se internaban en Texas. Esa misma ruta era usada por los guatemaltecos. Sólo los salvadoreños estaban habituados a llegar a Tijuana.

Así quedó asentado en la Encuesta sobre Migración levantada en el 2014 por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte. Ese año, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 240,000 centroamericanos que se habían internado sin documentos a territorio de Estados Unidos; entre ellos, a más de 50,000 menores de edad que viajaban sin acompañantes.

Donald Trump ya había prometido levantar un muro a lo largo de la frontera con México. Por primera vez, la cifra de migrantes centroamericanos detenidos por los agentes del ICE era mayor que la de los mexicanos.

Las dimensiones del fenómeno migratorio, empero, todavía no igualaban los registros del 2005. En la administración Bush, llegaron a contabilizar hasta 430,000 migrantes centroamericanos. La administración Obama frenó la oleada de migrantes, pero sólo temporalmente. El repunte comenzó en el 2012.

Desde entonces, cada año transitan por México 200,000 migrantes centroamericanos, de los cuales una quinta parte son hondureños, refirió Óscar F. Contreras, secretario académico del El Colegio de la Frontera Norte, durante un foro de análisis de la crisis migratoria, celebrado en el Centro Cultural de Tijuana.

El monto real de esta caravana e incluso del flujo de migrantes centroamericanos en tránsito no puede ser dimensionado con exactitud, acotó Rodolfo Cruz, investigador en el Departamento de Estudios de Población de El Colef.

La ruta de los migrantes, pero sobre todo su permanencia en territorio nacional, son escenarios que preocupan a académicos y tomadores de decisión. “México no es un país abierto a la inmigración”, sostuvo Cruz Piñeiro, “y los centroamericanos usualmente no se quedan a residir en México”.

En los primeros ocho meses del 2018, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 6,523 hondureños y 3,063 salvadoreños habían buscado la protección del gobierno mexicano.

En el último año del sexenio peñista, más de 9,000 ciudadanos extranjeros solicitó que el gobierno mexicano reconociera su estatus de refugiado. En los primeros ocho meses del 2018, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, 5,759 hombres y 3,362 mujeres acudieron ante las autoridades. Con ellos llegaron otros 5,423 sujetos (ya sean familiares o dependientes económicos), lo que arroja un total de 14,544 solicitantes de refugio.

De éstos, 99% es del continente americano: 20 de EU, uno de Canadá, 161 de países caribeños y 10,630 de seis países de Centroamérica, mientras que 3,623 provienen de Sudamérica. De Europa, 11; de Asia, 40, y de África, 58.

Chiapas es el primer puerto de acceso y Tapachula, el principal municipio en el que los refugiados realizan el trámite, aunque Tenosique, Tabasco, también registra una alta incidencia.

Esta información quedó consignada en el boletín estadístico de solicitantes de refugio en México, elaborado por la Comar para responder a las demandas de información de la sociedad civil, organismos internacionales y diversas áreas del gobierno sobre estos temas. “Es un cambio en la forma de estructurar y ofrecer información estadística básica sobre este grupo de extranjeros en nuestro país, lo cual tiende a fortalecer la estadística migratoria con que se cuenta respecto de las personas que eligen México como lugar de destino”, subraya la presentación del documento.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿DESPEDIDA? Al cierre de este espacio no fue posible confirmar la versión que circuló profusamente en la víspera, sobre una reunión urgente del secretariado nacional del SNTE. ¿Habría un relevo de la dirigencia nacional?

INCONDICIONALES. Un contingente de 67 líderes panistas de una decena de entidades federativas firmó una peculiar carta de renuncia colectiva a su militancia partidista, mas no al ideario de Acción Nacional. La mayoría de los firmantes están identificados con el calderonismo (entre ellos, Fausto Barajas, Jesús Castillo, Jorge Camacho, David Álvarez, Miguel Ángel Toscano, Rafael Solano y Tere García de Madero) y suscribieron lo siguiente: “no comprendemos que panistas históricos se plieguen a los intereses de unos pocos en lugar de servir a la sociedad. No entendemos que acaparar el poder interno se privilegie por delante de la democracia y la pluralidad. No concebimos que la historia de Acción Nacional se transforme en anécdota”.

PROPUESTA. American Chamber México presenta su estrategia para el combate a la piratería, una propuesta para la nueva administración desarrollada para hacer frente a los retos, no menores, que tiene México en la materia. De acuerdo con el último estudio sobre piratería realizado por AmCham en colaboración con CIDAC, ocho de cada 10 mexicanos consumen piratería y no lo consideran como un delito grave. Lo que no sabíamos es que el mercado pirata le cuesta al país más de 43,000 millones de pesos anuales, además de representar un riesgo a la seguridad y salud de los consumidores, pues estos productos no cumplen con estándares mínimos de calidad y normas internacionales de seguridad. Otro factor para considerar es su impacto directo en la competitividad al desincentivar la invención e innovación. Los datos hablan por sí solos: en el 2017, de aproximadamente 17,000 solicitudes de patentes que se presentaron en el país, únicamente alrededor de 1,300 fueron presentadas por mexicanos.

RELEVO. La senadora “externa” Xóchitl Gálvez soterró el escaso misterio que envolvía la sustitución de Damián Zepeda como coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta. “Se rumora muchísimo que Rafael Moreno Valle podría llegar a la coordinación”, se le cuestionó antes del inicio de la sesión plenaria: “No se especula, va a llegar (…) Es un acuerdo y como tal se va a implementar, no pasa nada”.