Es también la expectativa de los mercados financieros que esperan que esas modificaciones legales, que el Congreso pasó con los ojos cerrados, sean detenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El cálculo que hacen los participantes del mercado de generación de energía eléctrica, que se vieron afectados por la contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hay confianza en que tiene que ser frenada por el poder Judicial.
Es también la expectativa de los mercados financieros que esperan que esas modificaciones legales, que el Congreso pasó con los ojos cerrados, sean detenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El punto de partida de esta lógica es que el máximo tribunal invalidó los puntos más polémicos de la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, que, a nivel de decreto presidencial, planteaba exactamente lo mismo que después quedó plasmado en la iniciativa preferente que López Obrador ordenó aprobar a sus sumisos legisladores.
El Decreto Nahle, como le llamaban, dejaba ver el camino de retroceso en la reforma eléctrica que pretendía seguir la 4T, con todos los costos económicos, comerciales y ambientales que implicaba privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad sobre los intereses del país y los consumidores. Esa fue la novedad en su momento.
Lo que siguió con la invalidación, en febrero pasado, de 22 de los puntos más polémicos de esta política de la Secretaría de Energía, fue ver que la Corte mantuvo el espacio de independencia para frenar esa aberración. Sin perder de vista que, a pesar de lo claramente anticonstitucional que resultaba este decreto, dentro de la decisión de la Segunda Sala, se dio el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel.
Cuando el decreto escaló a iniciativa preferente, ya no descubrimos nada más de las intenciones destructivas del sector energético del gobierno actual, lo que corroboramos fue la sumisión total del poder Legislativo y la ausencia absoluta de un pensamiento crítico entre los diputados y senadores del Presidente. Esa fue la nota.
Ya con la contrarreforma aprobada y publicada inicia ahora la siguiente prueba. Una que no tiene que ver con los daños que habría de causar al país este planteamiento inspirado en el pensamiento de personajes como Manuel Bartlett, porque eso ya lo sabemos.
Lo que está a prueba es la independencia del poder Judicial.
Por lo pronto, a unas horas de entrar en vigor la contrarreforma eléctrica, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, concedió un amparo que suspende todas las consecuencias de la Ley de la Industria Eléctrica.
Es importante esta suspensión porque es la primera, por sus alcances generales y porque marca un camino de independencia del poder Judicial. Pero es un camino muy largo, de muchas presiones y francamente de pronóstico reservado.
Entonces, lo que estamos por descubrir en adelante es algo muy importante para el futuro del sector eléctrico, pero también muy importante para saber si se puede confiar en el marco legal de este país.
Ya sabemos los planes anticuados para el sector energético, ya sabemos de la sumisión del poder Legislativo. Lo que vamos a conocer es si México mantiene la salvaguarda de su Constitución en una autónoma Suprema Corte.
El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, concedió un amparo que suspende todas las consecuencias de la Ley de la Industria Eléctrica.
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