Entrega-recepción

Hace cinco días, el Diario Oficial de la Federación publicó la circular 033/2018 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a través del que 120 mandos medios y superiores de esa instancia —integrada a la banca de desarrollo— formalmente fueron notificados de que deberán entregar, al momento de dejar su cargo, un informe de separación y entrega–recepción.

Expedida por Enrique Martínez Morales, titular de la FND, desde el 25 de junio, la circular 033/2018 entró en vigor a partir de su publicación en el DOF, el pasado miércoles 18. El ex diputado coahuilense apeló a las ordenanzas de la Secretaría de la Función Pública que facultan a los titulares de las dependencias y entidades o empresas productivas del Estado, para determinar a los sujetos obligados a la entrega-recepción.

La disposición, empero, fue emitida cinco días antes de que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la subsecretaría de Egresos —en el oficio 307-A-189, cuya existencia se hizo pública por primera vez en este espacio— especificara las disposiciones que normarán el cierre del ejercicio presupuestario 2018.

Hace una semana, comenzó el cortinazo en la administración pública federal, con la prohibición de las contrataciones de personal. También el 16 de julio quedó como fecha límite —de acuerdo con la circular firmada por Isaac Gamboa Lozano— para que los ejecutores de gasto pudieran iniciar procesos de contratación de obras y servicios públicos, vía licitaciones. En el caso de las adjudicaciones directas, “la fecha límite para formalizar compromisos” será el próximo martes 31.

Nadie más llega al gobierno federal. Mientras tanto, la entrega-recepción y la rendición de cuentas, para los funcionarios de la administración saliente, deben apegarse a los lineamientos generales estipulados por la Secretaría de la Función Pública en sendos acuerdos aparecidos en el Diario Oficial, el 6 y 24 de julio del 2017, respectivamente. El último de éstos fue modificado el 5 de diciembre del 2017.

Allí quedó estipulado que los servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector centralizado o sus equivalentes en el sector paraestatal o en las empresas productivas del Estado, deben rendir un informe que refiera el Estado que guardan los asuntos a su cargo, y entregar los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales que, en su caso, hayan tenido asignados para el ejercicio de sus atribuciones, así como la documentación y archivos debidamente ordenados y clasificados, de conformidad con la normativa aplicable a la materia.

El informe de separación —se entiende— será remitido a su superior jerárquico, mientras que la entrega procederá con quienes los sustituyan en sus funciones. Y aquellos servidores públicos de niveles inferiores a cargo de administrar o manejar fondos, bienes o valores públicos también deberán cumplir con este requisito.

En la FND, son 110 los sujetos obligados a entregar su informe por escrito y realizar acta de entrega-recepción. En la administración pública federal —de acuerdo con cálculos del gobierno entrante— serán 35,000 servidores públicos, incluidos los órganos reguladores coordinados en materia energética, los funcionarios de la Oficina de la Presidencia, de la PGR y de los tribunales agrarios.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos fue la primera entidad de la administración pública federal en notificar a los altos mandos de la normatividad a cumplir en la separación de su cargo. Además de los niveles contemplados por la SFP —determinó el comisionado presidente, Juan Carlos Zepeda Molina— los servidores públicos con nivel de director general adjunto y aquellos que, con independencia del nivel, administren o manejen fondos, información con valor económico, bienes o valores públicos, quedaron obligados de elaborar el informe y cumplir con los trámites ante quienes los sustituyan en sus funciones o ante quienes para tal efecto designe el superior jerárquico inmediato. Y facultó al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos para intervenir en los actos de entrega-recepción.

La notificación apareció en el DOF 10 días después del triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales, aunque había sido expedida desde el 15 de junio.

EFECTOS SECUNDARIOS

PREVISOR. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, remitió al Congreso local una iniciativa para expedir una nueva Ley de Seguridad Social para los servidores públicos adscritos a las entidades mexiquenses y a los municipios que —de acuerdo con la legisladora Ivette Topete— plantea un “cambio sustancial” para garantizar el ejercicio y la preservación plena de sus derechos y, a los pensionistas y jubilados, el goce y fortalecimiento de sus prestaciones.

FINALISTAS. Entre sinaloenses, chilangos y chihuahuenses transcurrió el sexenio para el ISSSTE, cuyos mandos medios y superiores fueron relevados hace casi tres años, tras la trágica muerte de Sebastián Lerdo de Tejada. En su lugar quedó José Reyes Baeza, quien a su vez dejó la dirección del Fovissste a Luis Antonio Godina. En marzo, el exgobernador de Chihuahua se fue a una aventura electoral y dejó a Florentino Castro en su lugar, mientras que su paisano Alfredo Villegas también salió de la coordinación de delegaciones, por idénticas razones. Pero el chilorio power mantuvo presencia a través de Jorge Cano Félix, titular de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, donde condicionan las gestiones para desatorar o acelerar pagos atrasados a proveedores a gratificaciones. Esta trama de moches tendría como principales protagonistas a personal de esa área y de la dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, que encabeza Jorge Pérez Pérez. Y mientras, su tocayo Cano busca acercamientos con la casa de transición de AMLO, a través de su suegro, Rubén Rocha Moya, y de su ex jefe, Luis Antonio Ramírez. ¿Será?