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El presidente Andrés Manuel López Obrador se mete en el proceso electoral en curso y lo acepta sin empachos. Se sabe un hombre muy poderoso que puede estar al margen de lo que digan las leyes y las autoridades electorales.

Y lo seguirá haciendo conforme la 4T sienta amenazada su posibilidad de mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. No se detendrá esa injerencia de aquí al día de las elecciones.

Es injusto, por decir lo menos, que un país al que tanto trabajo le ha costado construir una vida democrática institucional, a través de la implementación de muchas reglas inspiradas en las protestas de quien hoy es Presidente, vea cómo se borran los mecanismos legales ante un afán de mantenerse como jefe de pandilla y no como el estadista que podría ser con semejante legitimidad electoral que tuvo en su elección.

Así, el jefe de las campañas de la 4T cuenta con acceso ilimitado a los instrumentos de gobierno, desde la tribuna del Palacio Nacional, las transmisiones de sus mañaneras, hasta el uso total a discreción del presupuesto de egresos federal.

Esos mismos instrumentos estarán a su disposición la mañana del lunes 7 de junio, cuando el flujo de resultados de las elecciones del día anterior debería permitir tener al menos un panorama general del destino de la composición de la LXV Legislatura del Congreso y con ella una proyección de lo que será el resto del tiempo que la Constitución marca como la duración del mandato de López Obrador.

Cada uno tiene su propia idea sobre lo que conviene para el Congreso para el resto del sexenio. Hay quien cree indispensable que se restablezca el equilibrio de poderes y otros creen que el poder Legislativo debe mantenerse subordinado al Presidente.

Seguro que en el ánimo de los mercados estará más el escenario de los equilibrios, sobre todo a la luz de las pifias legales que han cometido los legisladores afines a la 4T y que tanto han costado en materia de confianza y crecimiento.

Pero lo que realmente puede alterar la vida económico-financiera esa mañana del 7 de junio es una negación presidencial de los resultados electorales, un señalamiento de fraude y un llamamiento para desconocer a la autoridad electoral.

Hoy los mercados saben ponderar de mejor manera los eventos políticos. Ya no vivimos en el México de los 90, cuando la renuncia de un secretario de Gobernación tiraba a la bolsa. Hay la capacidad de filtrar las estridencias. Con todo, se mantiene la confianza en las instituciones y se toman con más calma los exabruptos cotidianos con los que despertamos. Pero hay límites.

Desatar un conflicto postelectoral como reacción a una derrota, que ponga en duda la solidez de las instituciones democráticas del país y que se inicie desde la cúpula del poder político de México, sería otra cosa.

Va a ser muy importante ponerle mucha atención a la jornada electoral, documentar de manera amplia todo lo que pase y lo que no pase en torno a las urnas para que con ese testimonio colectivo de la realidad se pueda desmantelar un posible intento rupturista al día siguiente.