Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto dio vista a la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador de las negociaciones del acuerdo sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bien pudo haber dicho el actual Presidente a los negociadores de Estados Unidos y Canadá que su plan era regresar a un Estado monopólico, cerrado y contaminante en el sector energético.

Porque aquello de que la 4T le dejó muy claro a Donald Trump y Justin Trudeau que México se reservaba el derecho libre y soberano de hacer lo que quisiera con su sector energético fue un gran cuento de aquel vendedor de espejitos que designó López Obrador como negociador, aquel viajero frecuente con cargo al erario, Jesús Seade.

México dejó clara su soberanía sobre sus recursos energéticos, gritaba Seade a los cuatro vientos, cuando lo único que hizo fue impedir que nuestro país formara parte de un acuerdo energético de gran calado que sí suscribieron Canadá y Estados Unidos.

Más allá de esa arenga ideológica plasmada en el que llamamos T-MEC, el resto del acuerdo incluye cláusulas muy bien definidas de respeto a las inversiones norteamericanas y de garantía de disponibilidad de energía.

Además del T-MEC, México ha suscrito otros acuerdos para propiciar el uso de energías limpias y para respetar inversiones que hoy viola el Presidente con su ley secundaria malamente ratificada por la Suprema Corte y con su iniciativa de contrarreforma energética.

Estos grupos hoy en el poder creen que los recursos del subsuelo, como el petróleo, son equivalentes al escudo nacional. Y algo peor, confunden los energéticos de extracción con un producto industrial como la electricidad. De verdad creen que hay minas de kilowatts que debe proteger la Cuarta Transformación.

Hubiera pues López Obrador roto en ese momento de renegociación comercial las alianzas con América del Norte con esa necedad de su visión de un México estatista, contaminante y propio de mediados del siglo pasado. Ahí hubiera marcado la incompatibilidad con los países desarrollados, abiertos a los capitales y al mundo y con un verdadero compromiso con el medio ambiente.

Pero no, López Obrador firmó un acuerdo comercial que sabía que no iba a cumplir y hoy se queja de que sus principales socios comerciales le reclamen abiertamente sus incumplimientos.

Está claro que puede hasta extorsionar a legisladores y magistrados para salirse con la suya, pero está muy lejos de evitar que naciones del tamaño de Estados Unidos no exijan con toda determinación el respeto a sus derechos legales.

Claramente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no mide las consecuencias de tomar acciones ilegales en contra del país del que depende la economía mexicana.

Por supuesto que en el terreno ideológico debe tener extasiados a sus feligreses que soñaban con plantarle cara a lo que llaman el imperialismo yanqui.

Pero todo el resto de los que sí le entienden a la dinámica de apertura actual y de indispensable respeto a los acuerdos, tratados y pactos internacionales hoy saben que esos “litigios sin fin” que adelantó el propio embajador estadounidense, Ken Salazar, serán una costosa realidad para el país.