Este es un gobierno de ideas fijas y lo que marquen los peritajes y los procesos legales en torno a este accidente poco importa a quien ya tiene un veredicto: nadie cercano a él puede ser responsable
No se trata de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le crea o no a las evidencias que tiene el ingeniero Carlos Slim sobre la calidad del trabajo de su constructora en el tramo siniestrado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Lo importante para Grupo Carso es que al mercado le quede claro que la gente a su cargo sí hizo el mejor trabajo posible en esa y en todas las obras, públicas o privadas, que haya llevado a cabo la constructora.
En esa urgencia política de la 4T de rescatar a sus delfines y ante la inutilidad política que implicaba responsabilizar a un cartucho quemado como Miguel Ángel Mancera, la tentación de traspasar la responsabilidad del accidente a las empresas constructoras era enorme.
Es evidente que algo falló en ese tramo del Metro y que 26 personas murieron, pero cargar la factura a las empresas privadas, incluso antes de la conclusión del peritaje que hacen expertos internacionales se antojaba como una de las salidas favoritas de la 4T para satisfacer a su clientela.
Pero aquí hay algo más que cuidar la fama pública de uno de los empresarios más ricos del mundo. Hay un negocio de por medio, que no sólo incluye a una poderosa constructora, sino a un conglomerado de negocios que tienen un reconocido desempeño global.
Este es un gobierno de ideas fijas y lo que marquen los peritajes y los procesos legales en torno a este accidente poco importa a quien ya tiene un veredicto: nadie cercano a él puede ser responsable.
La decisión de Calos Slim de asumir el costo de la reparación del tramo que le correspondió de esa obra es, sobre todo, una determinación inteligente. Podría Grupo Carso demostrar en tribunales que no tuvo responsabilidad en este accidente, pero el costo político y social que le harían pagar desde esa visión de supremacía moral que priva en el gobierno, haría muy costosa esa estrategia.
Alguna vez algún empresario hacía las cuentas de cuántos presidentes había tratado y cuántas dificultades sexenales habían tenido que pasar en sus negocios y la anécdota se cuenta precisamente en el número de gobiernos que había visto pasar.
La corresponsabilidad de una autoridad omisa ante la necesidad de mantenimiento de las obras públicas es más que evidente. En la Ciudad de México los presupuestos de mantenimiento y operación de servicios como el Metro, o el mantenimiento de la carpeta asfáltica o el mobiliario urbano se han desviado a los programas asistencialistas que garantizan que esa clientela política cautiva tenga que votar por ellos, como se pudo ver en las pasadas elecciones.
Ahí están, por ejemplo, los desperfectos cada vez más frecuentes y graves en la red de distribución del agua potable en la Ciudad de México que lleva años con necesidad de un mantenimiento mayor.
Esa búsqueda siempre externa de responsables de todos los males acaba por generar una terrible desconfianza ante las lamentables vacaciones que se ha tomado en estos tiempos el Estado de derecho.
Al menos, en esta historia, en este tramo de la Línea 12 del Metro en la que participó Grupo Carso, se dio la respuesta sensata de un empresario que entendió muy bien sus costos de oportunidad.
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