Es un hecho que el ritmo del rebote económico tras las recesiones del 2019 y el 2020 no dará para que pronto logremos los niveles que tenía el Producto Interno Bruto (PIB) antes de que iniciara la llamada Cuarta Transformación. Con suerte acabará este gobierno en el mismo nivel económico donde empezó.

El mundo no ayuda, pero el gobierno mexicano decidió no crear un ambiente amigable con la inversión y tampoco contribuir con un gasto público rentable para lograr mejores tasas de crecimiento.

La economía mexicana no va a crecer por decreto, ni porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el imperio de sus otros datos así lo digan.

Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el comportamiento del PIB a lo largo de todo el sexenio han sido, más que buenos deseos.

La más reciente corrección del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya abandonó aquella imposible meta de crecer 3.4% este año y la situó en una expansión económica de 2 por ciento. Bueno, hasta esa se ve difícil de alcanzar.

No hay gobierno mexicano que no haya dado argumentos políticos donde no hay resultados. Y ni qué decir de este régimen que se debe a su popularidad y permanencia en el poder.

Lo que no puede arriesgar el actual régimen, bajo ninguna circunstancia, es la veracidad de la información y las mediciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi.

Hay dos talones de Aquiles para acabar con la credibilidad de un país ante los mercados, uno es la falta de solidez de sus instituciones y su Constitución. Y la otra, es la falta de confiabilidad en sus datos oficiales.

Es conocido el intento de control absoluto del Presidente de todos los poderes y órganos autónomos que con mucho trabajo ha construido nuestro país. Ha costado muchos años que se puedan crear organismos que tengan confiabilidad.

Ahí están como los grandes ejemplos el Instituto Nacional Electoral y el Banco de México. Pero también en la lista hay que sumar al Inegi.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sucumbió rápidamente ante el apabullante poder presidencial.

El INE está en riesgo, lo sabemos. El Banco de México tiene que demostrar que, con su nueva composición, no va a renunciar a su valiosa autonomía. Y, por lo pronto, el Inegi tiene que explicar algunos cambios en las cifras.

Así, a la callada, el Inegi ha ido corrigiendo algunas cifras que son muy negativas para el gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, resulta que el derrumbe económico del 2020 no fue de -8.37% sino de -8.25 por ciento.

Resulta que también revisó al alza los resultados del tercer y cuarto trimestres del año pasado y lo que era negativo ahora resultó positivo.

El resultado definitivo del PIB del primer trimestre de este año también tuvo un afortunado brinco en comparación con la cifra preliminar de hace menos de un mes.

Qué buena suerte que el Inegi, a cargo de Graciela Márquez, ex secretaria de Economía de López Obrador, encuentre esos datos positivos que estaban escondidos. Que sea eso y no una renuncia a la imparcialidad y autonomía del instituto de los datos confiables.