El ambiente no es propicio para la inversión en México, es un hecho. Se nota en múltiples indicadores de confianza empresarial y financiera. Se ve claramente en los niveles de inversión fija bruta.

Si bien no han sido años propicios en el mundo para la expansión de las inversiones, básicamente por la pandemia de Covid-19, también es un hecho que México ha quedado excluido de los destinos favoritos básicamente por las malas decisiones de gobierno asumidas durante el régimen actual.

Claro, México mantiene la frontera con Estados Unidos y un tratado comercial que hace atractivas las exportaciones hacia el norte del continente, pero cada vez queda más claro que hoy se lo piensan dos veces para hacer de nuestro país un destino elegido de inversión.

El mayor reto que hoy lastra a los nuevos capitales está en esas decisiones de política pública del tamaño de la contrarreforma energética, de la falta de sentido común en elegir proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el lejano aeropuerto de Santa Lucía o una refinería en Tabasco.

Decisiones que afectan directamente sectores económicos y que carecen de una explicación racional, más allá de los dogmas que sostienen la visión de país que tiene la autodenominada Cuarta Transformación.

También empiezan a tener peso en las decisiones financieras las proyecciones de la salud macroeconómica de México, a la luz de los posibles desequilibrios fiscales a la vista.

Pero hay algo que empieza a ser una seria preocupación entre los que tienen la facilidad de decidir el destino de sus inversiones y eso tiene que ver con las manifiestas expresiones antidemocráticas de este régimen.

Claro, la preocupación no es sólo para los que derivan capitales a un país, es también de muchos ciudadanos mexicanos que tienen esos mismos temores, pero están cautivos en esta economía.

Son sistemáticos los ataques del propio presidente López Obrador, y por consiguiente de todos los que están debajo de él, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los manuales de propaganda marcan que los mensajes tienen que ser simples, contagiosos, exagerados, vulgarizados y orquestados hasta que logren la unanimidad entre sus bases.

Y con el INE ese camino de desprestigio se ha preparado desde hace mucho tiempo. Está claro que, tras el ejercicio de revocación de mandato, los ataques al INE alcanzarán un clímax que se verá reflejado en una iniciativa de desmantelamiento de la institución electoral.

Los ataques directos a la democracia son un factor de peso también en la toma de decisiones económico-financieras.

Se frustró el doble intento de conseguir una reelección de facto. Primero con el impresentable exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y después con la pifia de querer mantener ilegalmente al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, con un transitorio en una ley secundaria.

Pero la corcholata favorita de López Obrador acaba de dar una muestra de los alcances antidemocráticos del régimen. La suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mantiene abierta una puerta para que Morena imponga un gobierno a modo en esa entidad de una manera amañada.

Hoy éstas son anécdotas de tinte autoritario, pero si prosperan serán los focos rojos de la viabilidad económica de este país.