El suicidio de la 4T

“El comienzo de la sabiduría es el silencio”: Pitágoras

El 19 de noviembre del 2020 durante la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard, se refirió al caso del general Salvador Cienfuegos y dijo: “Para México no existe el escenario de impunidad (…) y luego no hacer nada sería suicida, para eso mejor no denunciar nada, que se quede allá”, 60 días después se cumplió el escenario previsto por el canciller: la impunidad.

Sin descartar la posibilidad de una presunta fabricación de delitos por parte de la DEA que es la agencia para el control de drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del “100” como llaman los militares a Cienfuegos, es necesario señalar que varias agencias norteamericanas operan con toda libertad en México desde la década de los ochenta, situación que se intensificó con el asesinato del agente Enrique Camarena quien descubrió los acuerdos de colaboración y complicidad entre el gobierno mexicano y la CIA en el tráfico de drogas y armas.

Más allá de que los señalamientos contra Cienfuegos sean producto de una fabricación, situación que también tendría que probarse, y de que las agencias norteamericanas hayan intentado amagar al gobierno mexicano para seguir operando sin restricciones, es también un hecho que ni el gobierno ni la Fiscalía General de la República han investigado a fondo para conocer el alcance real de las acusaciones de la DEA.

Pero también cabe la posibilidad de que el gobierno, en efecto, conozca los alcances de las imputaciones contra el exsecretario de la Defensa, y reconocerlo de manera pública, revelaría una cadena de complicidades que alcanzan a políticos, empresarios y militares de diferentes rangos.

Entonces, al defender al 100, el gobierno ha decidido también proteger el lado obscuro de los cimientos del sistema político mexicano: la operación irregular del crimen organizado y sus vínculos con diferentes estratos gubernamentales.
Resulta plausible también la posibilidad de que la exoneración del General sea producto de la presión y el chantaje de la cúpula militar que, a su vez, tiene a Cienfuegos como un actor simbólico del involucramiento de las fuerzas armadas en el crimen organizado.

Los primeros efectos en la opinión pública es que se ha perdonado al “100” por temor a una reacción negativa del Ejército, y en ese contexto, queda un tufo de ocultamiento que podría ser contraproducente para la 4T.

Está documentado que desde hace años la DEA, la CIA y otras agencias norteamericanas inciden en las políticas in situ en materia de seguridad. Los asesinatos de Manuel Buendía y del agente Camarena, estuvieron en su momento vinculados a las revelaciones que hicieron respecto a las oscuras relaciones entre ambos gobiernos.

Ahora quienes están preocupados por el “talante autoritario” del presidente López Obrador -calificación que no comparto-, tampoco deberían preocuparse porque nos esté dirigiendo a un régimen castrense.

El Ejército no requiere más poder, en los hechos, ya lo tiene. Participa en obras civiles como en el nuevo Aeropuerto Internacional; resguarda instalaciones portuarias y aeroportuarias; está encargado de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional; por ley, atiende la seguridad nacional; realiza operaciones financieras de gran calado a través del Banjército; construye las sucursales del Banco del Bienestar; y ahora participa en el programa de vacunación contra  el COVID-19. Solo faltaría un Presidente militar en 2024 para completar el cuadro. De ahí se puede explicar la lealtad infranqueable de las fuerzas armadas a los civiles en el poder. No es para menos.

Exonerar a Cienfuegos, más allá de que las acusaciones de la DEA sean una “pavada”, tira por tierra el discurso presidencial de acabar con la corrupción y la impunidad que, además fue una de las promesas más firmes durante la campaña del ahora Primer Mandatario.

Fuentes del Ejército aseguran que “hay peces más gordos” que el 100, sin embargo, parece que el discurso contra la impunidad ya dobló las manos para mantener el “status quo del gobierno invisible”. Todavía hace poco pensaba que este gobierno podría llevar a la cárcel a esos “peces gordos” por sus vínculos con el crimen organizado, empero ahora observó que solo crea “juegos de artificio” como el caso Robles o el caso Lozoya.

Al gobierno de la 4T no le preocupa la oposición porque no la tiene, y ahora tiene un colchón electoral con los miles de becarios, y el apoyo firme de las fuerzas armadas. Eso del suicidio quedó en un simple ardid, y es que hasta para suicidarse, hay que tener valentía.

De la libreta

• El secretario general del gobierno de Sinaloa, Gonzalo Gómez Flores, aparece como el caballo negro en el proceso de sucesión en aquella entidad. De probada reputación, Gómez Flores, es reconocido por ser conciliador y un fino operador político. Parece el candidato más viable para encabezar la Alianza PRI-PAN-PRD en Sinaloa.
•  El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, rechaza que vaya a renunciar a su responsabilidad en medio de la pandemia. Es “falso” responde a sus detractores.

@HectorHerrera AR