En el intento por evitar mayor politización en asuntos de tintes narco-criminales, el Gobierno Federal y el de la ciudad de México han andado con demasiado tiento en las indagatorias de los casos del multihomicidio de la colonia Narvarte y de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

No ha sido sencillo explicar que ambos asuntos tienen un fuerte vínculo con la presencia y actuación de grupos de la delincuencia organizada que, bajo la protección o colusión de autoridades locales, estatales o federales tienen permeadas todas las esferas.

Poco sencillo porque entre las víctimas están personas vinculadas a temas políticos.

Una maleta aparentemente con cocaína en el caso de la colonia Narvarte y un autobús que transportaría heroína en el tema de Iguala se van apuntalando como los móviles de los atroces homicidios en el que, para infortunio, se encontraban un reportero gráfico que huyó de Veracruz por amenazas y un grupo numeroso de estudiantes de una escuela cuya historia está ligada a movimientos politico-guerrilleros.

Estar en el lugar y momento equivocados, y con las personas inadecuadas, parece estarse perfilando como la circunstancia en que fueron asesinados el fotógrafo de prensa y los estudiantes de Ayotzinapa.

El debate está creciendo invariablemente en su politización para señalar culpables. Eso es lo que se está viendo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el planteamiento que se está haciendo en la Cámara de Senadores para establecer dos comisiones especiales, más las posturas que apuntan a proponer una fiscalía especial en la Procuraduría General de la República.

No obstante, el problema de fondo está en la sombra del narcotráfico, en sus grandes tentáculos.

La revisión realizada por el grupo multidisciplinado de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ha venido a destapar la línea de investigación sobre el la cual no quiso andar el gobierno federal: el tráfico de heroína.

Al parecer uno de los autobuses tomados por los estudiantes iba cargado de esa droga (la de más alto valor en el mercado dentro de los narcóticos) que tenía como destino la ciudad de Chicago, información que –caray, qué raro- viene de agencias de Estados Unidos.

Y en el caso del multihomicidio de la Narvarte, lo que más se va desvaneciendo es que se haya tratado de un ataque certero contra el periodista gráfico y su novia, activista pro derechos humanos. Pareciera tratarse de un asunto en el que la joven colombiana traficaría cocaína, procedente por vía avión, ni más ni menos en equipajes sacados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Varias cosas convergen en el tema de la colonia Narvarte. La joven colombiana se reunía en un antro denominado Life, el mismo cuyo propietario fue asesinado luego de salir de su negocio en compañía de su novia.

Narcomenudeo, tráfico a gran escala en el aeropuerto, muchas cosas más trascienden lo ocurrido en el departamento de Luz Saviñón.

Esta claro que los grupos delincuenciales no andan con miramientos en la protección de sus intereses y su mercancía. Irán en contra de todo lo que se les interponga con el apoyo de quienes, a base de plomo o plata, los cubren.

Y ese debe ser en gran parte el tema de preocupación.

Desafortunada la muerte del fotógrafo, muy lamentable la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa por la acción en que se coludieron policías y algunos gobernantes.

Pero habla de que uno nunca sabrá si está en el lugar y momento inadecuado si alrededor pululan y circundan no sólo vendedores y traficantes de droga, sino consumidores comprometidos con el hampa, que serán blanco de revanchas o ajustes de cuentas.

Postscriptum.- Hay quejas entre constructores de que en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno del Distrito Federal sigue habiendo discrecionalidad, tráfico de influencia y negocios personales de funcionarios que “recomiendan” a despachos para la gestión y agilización de trámites.