La parte más vulnerable en la cadena de empleo son las mipymes debido a la falta de acceso a fuentes de liquidez para sobrevivir este periodo en el que prácticamente se quedaron sin ingresos
A principios de esta semana el Inegi publicó los datos de ocupación y empleo al cierre de abril con base en la información levantada en la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE).
La ETOE es un recurso implementado por el Inegi ante las restricciones impuestas por la Jornada Nacional de Sana Distancia que obligaron a la suspensión de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que se realiza de manera presencial.
Aunque la ETOE es metodológicamente diferente a la ENOE, el Inegi considera que su diseño conceptual es el mismo y los datos son comparables aunque la ETOE tiene un grado de confiabilidad menor al de la ENOE. El objetivo de la encuesta es obtener información estadística sobre la fuerza laboral compuesta por población de 15 años y más en nuestro país que suma 95.6 millones de personas.
Esta población se divide en dos grupos: la Población Económicamente Activa (PEA) que es aquella que participa en el mercado laboral; y la Población No Económicamente Activa (PNEA) que incluye a las personas que no están ocupadas, ni buscan trabajo aún cuando tengan disposición de trabajar o no.
La PEA se divide a su vez en dos grupos, los ocupados (que es la población que trabaja, ya sea con un empleo formal o informal) y los desocupados (que son aquellos que están activamente buscando un trabajo). Los datos de la encuesta revelan que entre marzo y abril la PEA se redujo de 57.4 millones de personas a 45.4 millones, una disminución de 12 millones que ahora son parte de la PNEA (que pasó de 38.7 millones a 50.2 millones de personas).
Esta drástica caída en el número de personas que participan en el mercado laboral se debió principalmente a una disminución de 12.5 millones de personas que estaban ocupadas y dejaron de trabajar, incluyendo a 11.3 millones que lo hicieron debido a la suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago.
Estas personas no se contabilizan dentro de los datos de desocupación porque no están buscando un trabajo activamente, con lo que el incremento en la población desocupada fue de “únicamente” 400,000 personas. El principal riesgo es que una parte no despreciable de las 12.5 millones de personas que dejaron de estar ocupadas entre marzo y abril y que esperan regresar a su trabajo una vez que terminen las medidas de distanciamiento social, puedan efectivamente hacerlo.
La parte más vulnerable en la cadena de empleo son las mipymes debido a la falta de acceso a fuentes de liquidez para sobrevivir este periodo en el que prácticamente se quedaron sin ingresos. La quiebra de este tipo de empresas puede generar un escenario en el que muchas de las personas que dejaron de trabajar sin goce de sueldo, de manera temporal, se conviertan en personal desocupado, subocupado u ocupado pero en el sector informal.
El número de personas ocupadas en mipymes cayó de 36.8 millones en la encuesta de marzo a 26 millones en la de abril, una disminución de 10.8 millones. Dado que la gente en nuestro país difícilmente se puede dar el lujo de permanecer desocupada, lo que sucede normalmente es que entra en un estatus de subocupación.
De acuerdo a la definición del Inegi, la subocupación son personas ocupadas que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda. De acuerdo a los datos de la encuesta, las personas en condición de subocupación se incrementaron en 5.9 millones entre marzo y abril para alcanzar un total de 11 millones de personas.
Aunque lo peor de la crisis económica efectivamente se dará en este segundo trimestre, las secuelas podrían sentirse durante un buen tiempo. Desafortunadamente, el empleo suele recuperarse más lento que la actividad económica, por lo que si se logra recuperar el nivel del PIB del 2018 hacia finales del 2022, la recuperación en el empleo probablemente tarde aún más.
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