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Mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la forma de devorar las autonomías, en el camino, el poder presidencial busca otra forma de evitar que la información que le resulte incómoda se pueda dar a conocer.

El viernes, la 4T dio una vuelta más a la tuerca de la presión hacia los medios, denunció la incomodidad que le produjo la divulgación de datos duros, datos oficiales, que resultaron adversos para el gobierno federal.

Al final, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un documento oficial, de publicación regular, con datos que evidenciaban un manejo irregular de los recursos públicos de esta administración durante el 2019, entre ellos, los de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. La misma ruta que había seguido en años anteriores.

Pero desde la tribuna presidencial, con un enojo más que evidente, el presidente López Obrador no solo reprimió a los que piensan diferente y lo expresan, sino abiertamente denostó a los medios de comunicación que dieron a conocer los datos duros publicados por el organismo autónomo supervisor de la cuenta pública.

El llamado a los dueños de los medios para que controlen a esos periodistas a los que, sin más, acusa de estar al servicio de la corrupción, la exigencia de que “respeten al pueblo” es un foco rojo en el manejo de la información. No sólo de la opinión, sino de los mismos datos duros oficiales.

Bajo estas evidencias hoy tan claras del ejercicio del poder de la 4T, esos datos terribles de desempleo, de subocupación y de caída dramática de los ingresos de millones de familia, pueden ser considerados como una traición al pueblo cuando se divulgan, aunque tengan una fuente oficial y autónoma como el Inegi.

Tan pronto como este fin de semana se notó que algunos medios prefirieron agregarle flores al reporte financiero de Petróleos Mexicanos que muestra la gravedad de la situación financiera de la petrolera.

El reporte que Petróleos Mexicanos presentó al mercado da cuenta de un aumento de 38.2% en las pérdidas de la empresa durante el 2020, tras registrar una pérdida neta de 481,000 millones de pesos. Esto implica que el gobierno federal, bajo esa visión de salvar a cualquier costo a la petrolera, habrá de inyectar más recursos fiscales a Pemex.

El complemento de las malas noticias se da con el reporte de la Comisión Federal de Electricidad que perdió durante el 2020, 79,000 millones de pesos, cifra que se suma a las pérdidas del primer año de la 4T por 40,000 millones de pesos y que borraron los resultados positivos que la CFE había tenido durante los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.

Pero como esta información, estos datos duros, deben molestar mucho al Presidente, los medios afines encontraron un dato positivo en toda esta cascada de fracasos financieros: Pemex reportó una utilidad entre octubre y diciembre pasados de 124,000 millones de pesos. Y aunque claramente esa golondrina no hace verano, pero se debe ver mucho mejor ante los ojos del poder, fue lo único que informaron.

La represión a la divulgación de los datos duros sería un retroceso muy grave.